San Cristóbal de Las Casas, Chis. La diócesis de San Cristóbal informó que el sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, tiene una solicitud de orden de aprehensión presuntamente por el caso de 19 pobladores de Pantelhó, desaparecidas desde el 26 de julio del año pasado.

El presbítero fungió como mediador en el conflicto en ese municipio, que se agravó después de las elecciones de junio de 2021, por la irrupción del grupo de autodefensas del pueblo El Machete, al que los familiares de los desaparecidos -21 según ellos, 19 de acuerdo con la Fiscalía General del Estado- responsabilizan de habérselos llevado, sin que hasta la fecha hayan aparecido.

Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, que se desempeñaban como presidente y primer regidor del concejo municipal, respectivamente, fueron detenidos el 21 de junio pasado por la policía estatal y vinculados proceso por esos hechos.

La diócesis señaló que “la iglesia diocesana ha sido mediadora en varios de los conflictos que se han suscitado en nuestro estado, siempre en contribución a la búsqueda del diálogo y la reconciliación, por la vía pacífica”, pero “este trabajo, arduo y nada fácil, trae muchas veces la ingratitud de alguno de los actores involucrados cuando solamente persiguen sus ambiciones egoístas y no la búsqueda del bien común”.

Agregó: “Todo esto ha traído como consecuencias amenazas e intimidaciones contra los y las agentes de pastoral de nuestra diócesis, en varias de las zonas, entre las que destacan, desde hace varios años, las que se hacen en contra nuestro agente de pastoral, el presbítero Marcelo Pérez Pérez, y que en estos últimos días han incrementado, además de que existe una solicitud de orden de aprehensión en su contra”.

En un comunicado firmado por sus obispos, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López, así como por la canciller, María Reyes Arias Sarao y el vicario de justicia y paz, José Luis Bezares Selvas, la diócesis sostuvo que la oposición a las “estrategias del sistema económico-político que nos gobierna”, es motivo para que las autoridades reaccionen “con persecución, intimidación, amenazas y encarcelamiento”.