La masacre perpetrada el 24 de mayo pasado en la localidad de Uvalde, Texas, en la que 19 niños de educación primaria y dos profesoras perdieron la vida, reavivó las fuerzas sociales que pugnan por poner fin al sinsentido de la posesión irrestricta de armas de fuego en Estados Unidos. Ayer, decenas de miles de personas participaron en más de 450 actos y marchas en ciudades y pueblos estadunidenses para clamar “¡ya basta!” al descontrol sobre estos dispositivos que ya han matado a casi 20 mil individuos y han sido usados en 257 tiroteos masivos en lo que va del año, cifras sin punto de comparación con otras naciones desarrolladas. En Nueva York, una reverenda cristiana instó a sus compatriotas a “abandonar el culto a las armas y sacar a los políticos que apoyan a la Asociación Nacional del Rifle”, el mayor organismo de promoción del armamentismo.
La movilización nacional fue convocada por March for Our Lives (Marcha por Nuestras Vidas), organización fundada por los sobrevivientes a la matanza ocurrida el 14 de febrero de 2018 en la preparatoria de Parkland, Florida, en la que fueron asesinados 17 estudiantes e integrantes del personal escolar. Aquel suceso desató una ola de indignación y dio vida a un movimiento estudiantil que no se limitó a expresar su furia por la intolerable frecuencia con que se suceden los episodios de violencia armada en planteles escolares, sino que apuntó con vehemencia a los responsables de esta situación: los políticos cómplices de la industria armamentística, que se han negado a realizar los cambios legales necesarios para impedir que armas de fuego de alto poder se encuentren en manos civiles y que estos instrumentos puedan ser adquiridos como si se tratase de productos inocuos. En una narrativa que denunciaba con fuerza la desigualdad generacional, March for Our Lives señaló que mientras los adultos que conforman la clase política reciben financiamiento de los promotores del armamentismo, los jóvenes son masacrados con una regularidad atroz con armas adquiridas de manera legal.
Ese año se realizaron huelgas estudiantiles en más de 2 mil 500 escuelas, así como marchas multitudinarias en las que se expresó la desesperación ante un país “al que no le importa su juventud”, y ya entonces se rechazaron falsas soluciones, como la propuesta hace unas semanas por el ex presidente Donald Trump, quien reiteró la peregrina idea de armar a los profesores para hacer frente a los agresores. Como expresó una docente sobreviviente de la que probablemente es la masacre escolar más emblemática, la de Columbine, a un maestro no se le puede pedir que dispare contra sus propios alumnos cuando son éstos quienes realizan los ataques.
Han pasado cuatro años y un relevo en la Casa Blanca desde el incidente de Parkland y el nacimiento del movimiento estudiantil contra la violencia cometida con armas de fuego, pero nada ha cambiado en este tiempo pese a que, un día sí y otro también, esos instrumentos son usados para sembrar muerte en escuelas, iglesias, supermercados y en las calles. Por ello, bien puede afirmarse que las víctimas de Uvalde, del ataque racista realizado 10 días antes en Búfalo, Nueva York, y de los centenares de tiroteos acaecidos en territorio estadunidense lo son también de quienes cabildean para mantener el libertinaje en el comercio de armas de fuego y de quienes mantienen un marco legal que promueve el lucro con la muerte.
