Como sucede a partir de 2011, el Día de la Madre se resignificó ayer como una jornada de lucha de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Durante los actos que se llevaron a cabo en la capital del país y en varias entidades, miles de mujeres exigieron a las autoridades la localización de sus hijas, hijos, madres, padres, esposas, esposos, hermanos y hermanas, así como medidas para evitar que esta tragedia se siga repitiendo.

Las manifestantes señalaron que los funcionarios federales, estatales y municipales “son cómplices al permitir que siga habiendo desapariciones, y sobre todo al seguir permitiendo que esta tragedia humana envuelva a todo el país”. Por ello, se expresó que “no queremos gobernadores que no gobiernan, instituciones de justicia que no nos otorgan justicia, fiscalías que no sirven y comisiones de búsqueda sin planes que lleven a la localización”.

En Zacatecas, la señora Guillermina Camacho dijo que “vivimos en una tortura continua por tener un ser querido desaparecido”, y lamentó que “la estigmatización, la simulación, la falta de sensibilidad de las autoridades provocan efectos perversos”.

En esa misma entidad se demandó resolver los problemas de coordinación de las políticas públicas abocadas a la investigación, investigación, identificación y atención a las víctimas, incorporar a las instituciones de identificación forense en una dinámica que evite la demora injustificada en la entrega de resultados y articular las acciones de la Dirección de Servicios Periciales con los planes de trabajo del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

En la Ciudad de México, un grupo de madres de personas desaparecidas acudió a Palacio Nacional para entregar una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual reconocen los avances en la atención de sus casos, pero también indican que los esfuerzos han sido insuficientes e instan al mandatario a reunirse con ellas para delinear una ruta de trabajo.

En la misiva, recibida por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la comisionada nacional de Búsqueda de Personas de México, Karla Quintana, y el subsecreta-rio de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se plantea que “una verdadera política nacional de atención y prevención de las desapariciones debe garantizar un trabajo coordinado y constante de todas las instituciones obligadas y que se requieren para una respuesta real y efectiva a las desapariciones”.

Sin lugar a dudas, la búsqueda y localización de las personas desaparecidas es una causa central de la sociedad mexicana, y debe serlo también de todos los gobernantes. Es imposible exagerar el dolor y la ruptura de la vida cotidiana que supone para miles de madres, padres, hermanos e hijos desconocer el paradero de sus familiares, y esta tragedia supone un incumplimiento constante de las autoridades en su deber elemental de garantizar la integridad física de los ciudadanos.

Como aprecian las propias organizaciones de búsqueda, la actual administración federal ha roto con la inercia de indiferencia y desdén que caracterizó a los anteriores gobiernos frente a este drama, pero está claro que dicha voluntad política no basta para entregar los resultados necesarios.

Además de la coordinación institucional, cuya carencia ya se refirió en el caso de Zacatecas, se requiere que la voluntad existente en el Ejecutivo federal se haga presente en los gobiernos estatales y municipales, en las fiscalías, y ante todo en el Poder Judicial, cuyas actuaciones discurren con total autonomía y en ocasiones en sentido contrario a lo que el gobierno y la sociedad exigen.

La continuidad de una movilización social como la que se dio ayer parece indispensable para impulsar avances en la eficacia y el sentido de humanidad de los aparatos de seguridad, el Ministerio Público e integrantes del Poder Judicial.