De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el año pasado más de 107 mil personas murieron en ese país por sobredosis de una o varias drogas, es decir, en promedio cada cinco minutos un estadunidense falleció por esa causa. Los decesos por sobredosis se han incrementado de forma casi ininterrumpida durante las pasadas dos décadas en la nación vecina, de modo que en 2021 registraron un alza de 15 por ciento frente a 2020, año en que ya se había alcanzado una cifra récord, saldo que la directora del Instituto Nacional para el Combate al Abuso de Drogas calificó de “realmente espeluznante”.
La misma dependencia dio a conocer que en 2020 las muertes por armas de fuego alcanzaron la cifra más alta jamás registrada en Estados Unidos, con un incremento de 35 por ciento en los homicidios, que pasaron de 14 mil en 2019 a 19 mil el siguiente año. Aunque el aumento de la violencia armada afectó a gente de todas las edades, razas y género, y tanto en ciudades como zonas rurales, el fenómeno observó amplias disparidades socioeconómicas y étnicas, con un mayor impacto en comunidades pobres y entre jóvenes afroestadunidenses. En una cruel ironía, la razón más citada por quienes compran un arma es la autodefensa, pero la realidad es que los hogares donde hay armas de fuego tienen de tres a cinco veces más riesgo de experimentar un homicidio o suicidio. Precisamente, la muerte autoinfligida representó 26 mil de los decesos con estos dispositivos, número que se mantuvo estable respecto al periodo previo, pero que no deja de ser devastador.
Es importante reconocer que los fallecimientos por el abuso de sustancias y por las armas de fuego no son hechos aislados, sino síntomas de una alarmante crisis de salud mental en la sociedad estadunidense, agravada o acaso originada por peculiaridades de esa nación como la falta de acceso a los servicios médicos debida a la privatización extrema.
Una posibilidad para enfocar esta problemática se encuentra en la confluencia entre el total libertinaje del comercio y la posesión de armas con las asombrosas facilidades para el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Por una parte, la ausencia de mínimos controles a la venta de armas multiplica el riesgo de la violencia interna, como bien refleja el caso de que los estadunidenses se matan entre sí con estos instrumentos 25 veces más que los habitantes de otros países desarrollados. Asimismo, la venta indiscriminada de armas de corte militar pone en manos de la delincuencia organizada un poder de fuego que le permite desafiar a las autoridades en naciones como México, de donde proviene buena parte del fentanilo, opioide sintético causante de la mayor porción del aumento en las sobredosis.
Por otro lado, los cárteles no podrían operar si no tuvieran a su alcance mecanismos para lavar el dinero proveniente de sus actividades ilícitas, y Estados Unidos provee oportunidades únicas para ello por medio de un sistema financiero que permite eludir cualquier supervisión en el manejo de capitales. De acuerdo con la organización Tax Justice Network, la superpotencia ocupa el segundo lugar mundial en opacidad financiera, sólo detrás de las islas Caimán, y un estudio académico encontró que 17 de las 20 jurisdicciones menos restrictivas del mundo para los fideicomisos eran algunos ámbitos estatales de la superpotencia. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación encontró que en algunas entidades los abogados dedicados a establecer empresas fantasmas ni siquiera tienen la obligación de revisar el origen del patrimonio de sus clientes, por lo que podrían estar operando para criminales sin contraer ninguna responsabilidad legal por ello.
Salta a la vista que es en estas falencias donde se encuentra el principal problema de seguridad de Estados Unidos: no en Rusia, Cuba o Venezuela, sino en su propio territorio y a causa de sus propias políticas. Para no verlo se requiere de una enorme miopía o bien de una hipocresía monumental.
