En 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso y se aprobó por las cámaras, una reforma al artículo tercero de la Constitución, que incorporaba a la filosofía y las humanidades como un derecho de los mexicanos. Este hecho fue algo inusitado en México y en el mundo, y representaba una posición opuesta a la educación tecnocrática y mercantilista por la que había propugnado (y propugna) el neoliberalismo. La decisión contrastaba con la política seguida por Felipe Calderón, quien había eliminado, en un acto de barbarie, las disciplinas filosóficas de la educación media superior y reducido la literatura a cursos de redacción y comunicación.
Con esta reforma se proseguía el programa de modificaciones propuesto por la OCDE. Frente a ello, el Observatorio Filosófico de México (OFM) –respaldado por la comunidad científica y cultural del país; instituciones internacionales y medios de comunicación como La Jornada y Proceso– logró revertir la medida y la creación del área de humanidades. Fue un triunfo resonante y ahora se sumaba otro. Por tal motivo, el OFM, la Asociación Filosófica de México y la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (64 Legislatura) entregaron una carta al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, donde le exponían la necesidad de llevar a la práctica la disposición constitucional mediante la incorporación, entre otras medidas, de la asignatura de filosofía para niños en la enseñanza básica; la actualización de la didáctica filosófica en la enseñanza media y media superior; el impulso de la filosofía en las universidades e institutos de enseñanza superior y la instauración de programas de radio, televisión e Internet que dieran a conocer la importancia y significado de la filosofía.
Jamás recibimos respuesta a nuestras peticiones. Posteriormente, hicimos llegar una carta similar a la maestra Delfina Gómez Álvarez y tampoco tuvimos éxito. En otras palabras, extrañamente, a las autoridades educativas parecen no interesarles estos enfoques y disciplinas, pero tampoco cumplir las disposiciones constitucionales. Pese a todo, en días pasados, el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, nos invitó a una reunión de expertos de filosofía para que emitiéramos una opinión sobre su propuesta para la definición del marco curricular común de la educación media superior en el área de humanidades.
Tras escuchar la exposición de un asesor, la mayoría de los asistentes consideró que dicha propuesta tenía muchos problemas, indefiniciones y carencias y que, por tanto, esa propuesta (que se presentó como provisional) no era la adecuada. Pero, además, el OFM le hizo llegar un documento (www.ofmx.org) en que se presentaba una definición de las humanidades; la importancia de mantener las disciplinas filosóficas a las que no se hacía referencia alguna así como una caracterización de los problemas prioritarios de la educación en el país.
Sobre las humanidades le expresamos que falta una definición más precisa tomando en cuenta las previas como paideia, humanitas, bildung; paideia Christi yecnemiliztli entre los nahuas y otras, pero también tomando en cuenta su desarrollo académico en México.
En lugar de las disciplinas filosóficas, que consideramos extraordinariamente necesarias para una buena formación, en su propuesta se mencionaba la famosa “transversalidad” registrada por Calderón en su reforma con letras pequeñas como para esconder sus negras intenciones, pero ahora se aduce como una de sus “innovaciones”.
En el documento entregado al subsecretario consideramos que “la filosofía, al igual que otras disciplinas, requiere de un espacio propio dentro del plan de estudios de la educación media superior. La filosofía no es un conjunto de habilidades y actitudes que se puedan transmitir en el plano transversal. Requiere, por su naturaleza, un sitio dentro de las disciplinas que se enseñan en la educación media superior, como el español o las matemáticas o la física o la historia. La reducción de la filosofía a un conjunto de competencias trasversales es un síntoma del desconocimiento de lo que es ella”.
Cuando presentamos nuestras objeciones el subsecretario, diplomáticamente nos dijo que las examinaría con detalle, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta. Siempre que ocurre esto, recuerdo las consultas que hacían las autoridades de la UNAM cuando habían decidido hacer una reforma: reunían a todos los profesores, tomaban nota de sus objeciones y finalmente aprobaban lo que ya tenían de antemano. ¿Será así con las multitudinarias reuniones a que han convocado las autoridades de la SEP? La verdad es que el momento en que vivimos no está para simulacros y, si se quiere hacer un cambio que propicie una auténtica transformación del país, se requiere una buena fundamentación de ello, porque si no será un profundo fracaso.
* Profesor-investigador del Departamento de Filosofía de la UAM-I
