Ecatepec, Méx., El diputado local Daniel Sibaja González, del partido Morena, quien presentó la iniciativa de decreto para tipificar como delito el robo y sustracción de agua de la infraestructura hidráulica del estado de México y de los ayuntamientos, denunció que este ilegal negocio deja a grupos criminales ganancias de mil millones de pesos al año.

Aseguró que abren tomas clandestinas para robar líquido, principalmente en las colonias México Prehispánico, La Glorieta, Lázaro Cárdenas, Polígono, Novela Mexicana, en el oriente de Ecatepec.

Explicó que la extracción del agua potable de la red principal con fines de lucro ha ocasionado que el caudal disminuya y no llegue a las viviendas que cuentan con tomas domiciliarias.

Afirmó: “Estos grupos organizados venden el recurso a vecinos de colonias donde hay escasez, por lo que se ven obligados a comprarla continuamente”.

Sibaja González sostuvo que cuentan con pruebas de la extracción ilegal del agua en grandes cantidades, entre ellas la existencia de cisternas hasta de 60 mil litros de capacidad, a las cuales acuden pipas para abastecerse.

Precisó que los principales puntos donde se realiza esta actividad ilegal son: avenida Xóchitl esquina con Canal de Sales, entre las colonias México Prehispánico 1 y México Prehispánico 2, a un costado del Circuito Exterior Mexiquense, avenida Valle del Don, entre las calles Glorieta de Etiopía y Glorieta del Tío Sam, colonia La Glorieta, y en avenida Platino –continuación de avenida Miguel Hidalgo– entre las colonias Lázaro Cárdenas y Polígono 3.

Destacó que este saqueo no es privativo de Ecatepec, pues también se comete en Tlalnepantla y Naucalpan, donde “unidades económicas de bajo, mediano y alto impacto como autolavados, purificadoras, hoteles e industrias están involucrados en la apertura de tomas clandestinas”.

Propone multas y hasta ocho años de prisión

La iniciativa que presentó el legislador se va a discutir en comisiones y si se aprueba, esta semana será presentada ante el pleno.

Refirió que su propuesta prevé imponer a quien sustraiga agua potable de la infraestructura hidráulica estatal o municipal, para uso no doméstico sin derecho y sin consentimiento de los prestadores de servicios, sanciones de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 200 unidades de medida y actualización (UMA) cuando la cantidad sea menor o equivalente a 400 litros.

Mientras, al que sin causa justificada impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro de los usuarios se le impondrán pena de dos a seis años de prisión y de 50 a 200 UMA de multa.

“Cuando la cantidad sea mayor a 10 mil litros se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de 200 días a 400 UMA de multa”, estipula la iniciativa.