Aunque la despenalización del aborto en México ha tenido avances sustanciales, su práctica en condiciones no propicias se mantiene como la cuarta causa de morbilidad materna extremadamente grave, es decir, que derivado de las complicaciones de su realización, las mujeres sufrieron un alto peligro de muerte, sólo por debajo de las relacionadas con el covid-19, hemorragias obstétricas y preclamsia.

En el principio de la cuarta ola del coronavirus –ubicada entre el 26 de diciembre de 2021 y el primero de enero de este año–, la Secretaría de Salud reportó 215 casos que por interrupción del embarazo pusieron en alto riesgo de muerte a la madre. En los primeros ocho días de febrero pasado, las complicaciones por aborto se ubicaron como la séptima causa de muerte.

Asimismo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente se registran casi 73 millones de abortos en todo el mundo; de éstos, cuatro de cada 10 se realizan en condiciones peligrosas. La propia emergencia sanitaria de covid-19 elevó el número de abortos inseguros por la falta de acceso a servicios de salud y también modificó las formas de llevar cabo una interrupción legal del embarazo (ILE).

Organizaciones pro derechos sexuales y reproductivos de la mujer han documentado un aumento de abortos autogestionados, esto es, con el uso de medicamentos.

Esto, porque la OMS ha establecido que durante las 12 primeras semanas de gestación, la embarazada puede abortar en su domicilio o sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud.

Sin embargo, para disponer de esta vía es fundamental que la usuaria disponga de información precisa, fármacos de calidad y el apoyo de un profesional cualificado.

Mientras ese sistema se hace más asequible, en la Ciudad de México y tras 15 años de la suspensión legal del embarazo, se ha documentado (2007 a septiembre de 2021) la atención a 240 mil 916 pacientes, principalmente de 18 a 24 años de edad (45.7 por ciento), y de 25 a 29 años (23.7 por ciento).

También han acudido niñas de 11 a 14 años, 0.7 por ciento, y de 15 a 17 años, 4.8 por ciento.

En el país, el derecho a abortar se ha conquistado de manera paulatina y todavía incompleta.

Muchas mujeres aún enfrentan serios problemas, incluso en estados donde su práctica es legal. Falta de clínicas públicas que brinden el servicio, la revictimización por buena parte del personal de salud que se niega a atenderlas –aun en situaciones derivadas de violencia sexual– y la criminalización, son algunos conflictos frecuentes.

Sólo siete entidades han legislado a favor de la ILE (Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima y Coahuila). Asimismo, en 2021 la Corte declaró inconstitucional penalizar la práctica del aborto.

No obstante, el acceso real a este derecho es limitado. Mayra Morales, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, señaló que, por ejemplo, sólo dos hospitales de la capital oaxaqueña ofrecen la atención; ello dificulta acudir desde comunidades rurales o recibir al menos información.

Además, en la Clínica de la Mujer sólo se practica con hasta nueve semanas de gestación, y no con 12, como marca la ley.

Alma San Martín, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Veracruz, dijo que ahí se vive una situación similar, con el añadido de las protestas de la Iglesia católica contra el establecimiento de clínicas privadas que realizan la ILE.

Las situaciones empeoran en estados como Guerrero, donde el aborto sigue siendo penalizado. Viridiana Gutiérrez, coordinadora del Observatorio contra las Violencias, indicó que desde 2020 se emitió una alerta de género por agravio comparado porque personal de salud no acata la norma oficial 046 para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violencia sexual, y se les exige que denuncien el agravio, “lo que las revictimiza”.

En muchas de clínicas, además, ellas “son regañadas y convencidas de no abortar con un discurso de terror; de que algo más grave les pasará o que ya no tendrán más hijos”.

Frente a esa panorama, dice San Martín, son muchísimas las que todavía siguen exponiéndose a abortos clandestinos o a peligrosa automedicación.