León, Gto. “¡Presente!”, retumbó en la presidencia municipal de León cuando se hizo el pase de lista de Víctor Ricardo Briseño Rangel, Juan Antonio Méndez Rivera, Omar Ignacio Martínez Flores, José Salvador Afanador Martínez y de Alberto de Jesús Silva Zúñiga, trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL) que murieron intoxicados -13 de noviembre de 2020- en el módulo de desbaste de la plata de tratamiento de aguas residuales.

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, encabezó el homenaje póstumo de los trabajadores y al término de los honores fúnebres, realizados por la banda de guerra de la policía, entregó las fotografías a las familias.

“Saludo con mucho respeto a los familiares de nuestros compañeros que fallecieron en este lamentable accidente”, expresó la presidenta municipal y anunció que sus fotografías serán colocadas en las instalaciones del organismo operador para que sean recordados permanentemente.

La alcaldesa externó que entiende el dolor de las familias y lo difícil que fue para ellos todo el proceso.

“Quiero reconocer la valía de cada uno de sus hijos, padres o hermanos porque fueron compañeros de trabajo”, refirió.

Agradeció la apertura de las familias a entablar un diálogo y sobre todo “lamento mucho lo que están pasando”.

“Nosotros estamos con ustedes y no vamos a dejarlos solos, todos somos familia y estamos para tendernos la mano”, prometió.

“De todo corazón lamentamos su perdida”, dijo al momento de soltar un llanto.

Las familias de los trabajadores anunciaron que el jueves darán una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos con SAPAL firmados en el Centro Estatal de Justicia Administrativa.

La planta era manejada por la empresa ECOSYS III, quien denunció que el equipo mecánico, eléctrico y de procesos de tratamiento fue dañado por basura, recortes de cuero, sales, sulfuros, amoniaco, cromo, cal, pelambres y grasas que descargaban los curtidores con la anuencia del SAPAL.

A raíz de la denuncia, el SAPAL decidió no renovar la concesión y con el uso de la fuerza pública -en septiembre del 2020- tomó el control de la planta tratadora de aguas residuales.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) comprobó que SAPAL violó los derechos de los trabajadores porque no los capacitó, no les proporcionó equipo de seguridad y los contrató sin tener el perfil para el puesto.

Durante más de dos años, el presidente del Consejo de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández; y el director del organismo, Enrique de Haro Maldonado, se negaron a indemnizar a las familias.

Los directivos de SAPAL prefirieron pagar millones de pesos a despachos de abogados para que litigaran las demandas civiles, administrativas y penales.

A raíz de que Alejandra Gutiérrez rindió protesta como presidenta de León -10 de octubre del 2021- intervino para que el sistema de agua potable pagara las indemnizaciones.