Ciudad de México. En México, de las 222 mil 369 personas en reclusión a nivel nacional, 12 mil 480 son mujeres, lo que representa el 5.61 por ciento de la población penitenciaria. Del total de mujeres privadas de la libertad, 6 mil 569 se encuentran en prisión preventiva, de las cuales 5 mil 346 corresponden al fuero común y mil 223 al federal. Es decir, una de cada dos mujeres que están prisión preventiva esperan una sentencia.

En víspera del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), señaló que ha identificado un patrón de múltiples violaciones a los derechos humanos de las mujeres que se encuentran en prisión preventiva, sobre todo a los derechos a la salud y a ser juzgadas en un plazo razonable, lo que las pone en situación de extrema vulnerabilidad.

Dijo que “lamentablemente”, al ser una minoría, no existen acciones o políticas públicas específicas para atender adecuadamente sus necesidades básicas. “Hablar de mujeres privadas de la libertad es hablar también de mujeres que están en prisión preventiva; es decir, que siguen su proceso penal en distintas cárceles, aunque legalmente sean inocentes. Mujeres sin sentencia”.

Indicó que de las mujeres privadas de su libertad en el fuero federal, 777 se encuentran en el único centro penitenciario femenil federal del país: el Cefereso 16, en Morelos. Ahí sólo 291 han sido sentenciadas y 486 aún están a la espera de que se defina su situación jurídica. “El Cefereso 16 no cuenta con el personal médico general ni especializado en ginecología, de forma permanente, que esté en condiciones de atender de forma cotidiana a las mujeres privadas de libertad, generando violaciones a sus derechos a la salud y a una vida digna”.

Destacó que de los 288 centros penitenciarios en el país, sólo existen 20 centros exclusivos para mujeres que albergan a poco más de 5 mil 700 mujeres (46 por ciento). Alrededor de 6 mil 700 mujeres (54 por ciento) se encuentran privadas de libertad en centros penitenciarios mixtos expuestas a toda clase de violencias y abusos por parte de otras personas internas y de autoridades carcelarias.

Añadió que adicional a estas vulneraciones, las mujeres sufren más impactos negativos en el uso y abuso de la prisión preventiva: “la mayoría de ellas no recibe visitas, las cárceles donde se encuentran están muy lejos de sus domicilios –lo que se traduce en un rompimiento del vínculo familiar- y son doblemente estigmatizadas por estar en conflicto con la ley penal y por no cumplir con el rol de género asignado. Sin un acto judicial que verifique la pertinencia de la medida cautelar, es mayor el riesgo de ser víctima de tortura y malos tratos en las cárceles”.

En IFDP apuntó que el uso de la prisión preventiva tiene consecuencias físicas y psicológicas que impactan negativamente en la salud mental, autoestima y proyectos de vida de las mujeres y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que los jueces pueden revertir la prisión preventiva oficiosa después del plazo constitucional de dos años, siempre y cuando el procesado y su defensa demuestren que el asunto no es complejo, que su actividad procesal no es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades no ha sido diligente.