Guanajuato, Gto. Durante la pandemia, en el estado de Guanajuato han sido robadas 600 escuelas, denunció en tribuna el diputado del PRI, Alejandro Arias Ávila, al presentar, ante el pleno del Congreso, una iniciativa para que se sancione con más severidad el robo a planteles educativos.

La iniciativa propone reformar el artículo 194 del Código Penal para que se considere robo calificado el cometido a escuelas, planteles o instituciones educativas.

“En los casos de robo calificado las sanciones correspondientes al robo simple se aumentarán con prisión hasta de cinco años” y si se usan armas la sanción se incrementa hasta ocho años, señala el Código Penal.

“Con las medidas sanitarias, como fueron el aislamiento y no asistencia presencial a clases, las escuelas, planteles o instituciones educativas de la Secretaría de Educación de Guanajuato quedaron sin el resguardo necesario”, destacó en tribuna.

Las policías municipales realizan rondines en las escuelas, pero está vigilancia no es suficiente para parar la ola de robos, señaló Alejandro Arias.

“Todo ello, ha dejado hasta finales del año 2021, un saldo aproximado de 600 planteles educativos que son objeto de robos sistemáticos y constantes en perjuicio del erario público, porque es de donde provienen los recursos para reparar los daños y reponer los objetos o muebles robados”, manifestó.

De las escuelas han sido hurtados cables eléctricos, rejas, puertas, ventanas, transformadores, cercas, material didáctico, accesorios de baños y de salones de clases, televisores, computadoras, cañones, lámparas, baterías de energía solar, bombas de agua, entre otros varios bienes, enumeró.

“Resulta por demás inconcebible que una vez cometidos los robos y en algunos casos detenidos o procesados los imputados, éstos son puestos en libertad y le son aplicables penas de conformidad con los montos específicos de los objetos robados y se les aplica la suspensión condicional del proceso y algunas de las formas de pre liberación”, recriminó. La iniciativa de reforma al Código Penal fue turnada a la Comisión de Justicia.