Mexicali, BC. Unas 300 personas se plantaron ayer frente a la entrada de la clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para exigir justicia por la muerte de Keren Vallejo Castro, quien falleció minutos después del parto de su segundo hijo y cuyo cuerpo se entregó para la necropsia de ley sin órganos, lo que provocó indignación entre los habitantes de esta ciudad fronteriza.

Portando globos blancos, pancartas y camisetas con leyendas como “Todos somos Keren”, “Justicia para Keren”, “Desiree Sagarnaga, delegada del IMSS, mientes”, “Basta de impunidad” y “Presidente López Obrador, exigimos justicia”, protestaron por todos los casos de negligencia médica y violencia obstétrica que han quedado impunes.

El deceso de la mujer de 31 años a causa de una hemorragia postparto por desgarre uterino ocurrió el pasado 30 de enero en este nosocomio, ubicado en la colonia Nueva de Mexicali, donde este lunes por la mañana tuvo lugar la manifestación, encabezada por familiares y amigos de Keren.

“Es la voz del pueblo que pide justicia, no sólo para nosotros sino por otros casos de negligencia médica”, manifestó Michel Cortés, esposo de Keren y padre de dos hijos, uno de ellos de 22 días de nacido.

El primero de febrero Cortés presentó una denuncia ante la fiscalía estatal por el delito de responsabilidad médica y técnica contra personal del IMSS y una semana después la indagatoria fue atraída por la Fiscalía General de la República, que inició un procedimiento administrativo sancionador que involucra a seis trabajadores que participaron en la cirugía.

Sobre la atención que ha recibido de las autoridades del instituto, dijo que solo ha tenido una llamada telefónica de Desiree Sagarnaga, delegada de esa institución en Baja California, el 2 de febrero.

Días después vio a la funcionaria federal en las oficinas de la subdelegación de la FGR, pero no ha tenido información sobre los avances de las investigaciones administrativas ni penales.

Visiblemente abatido, Cortés expresó que ahora la clínica 31 es la más segura del país, “¿pero por cuánto tiempo? ¿Unas semanas, unos meses, un año? Debe haber claridad y cada caso debe llevarse a juicio si hay negligencias”.

Reconoció que en el IMSS hay “muchas personas que tienen ética, que tienen pasión por trabajar; a veces sin un sueldo, ya cansados, siguen ayudando a las personas. El reproche es para quienes no tienen vocación, en quienes confiamos las vidas y no lo toman con ética ni atienden el juramento que un día hicieron”, sentenció.

A cuatro kilómetros de donde se llevaba a cabo la protesta, en las oficinas centrales de la delegación del IMSS, Sagarnaga se mantuvo atenta a los reportes de su equipo de trabajo que desde la clínica 31 le informaron sobre las quejas de familiares de Keren y de otros pacientes que denunciaron haber sido objeto de negligencia médica o violencia obstétrica.

La funcionaria hizo mutis cuando los quejosos pidieron hablar con ella y los vigilantes del nosocomio recibieron la orden de cerrar con llave las puertas de cristal.

Ana María Vallejo, una de las hermanas de Keren, criticó la actitud de la servidora pública que se había comprometido a recibirlos. “Que salgan y nos digan qué pasó con mi hermanita. Ya la mataron, que nos digan por qué no la atendieron. Queremos justicia, que se castigue a quien se tenga que castigar”.

Aseguró que la ginecóloga, cuyo nombre ha sido revelado por la autoridad, se negó a atender a Keren con el argumento de que estaba muy cansada por la cirugía. “Primero dijeron que su útero estaba intacto; ahora dicen que fue un desgarre, que se desangró. ¿Eso pasó antes o después de que manipularon el cuerpo y los órganos de mi hermana?”, cuestionó.

Jesús Vallejo, padre de Keren, criticó la tardanza en la indagatoria y la protección a la médica que intervino a su hija. “Le dio flojera atenderla. No sé cuántos involucrados hay, pero quiero que se haga justicia. Señor presidente (Andrés Manuel López Obrador), creemos en su promesa”.

Arturo Verduzco, abogado de la familia, aseveró que Keren Vallejo murió por una hemorragia causada por un desgarro en la parte izquierda del útero y que no se trata de negligencia médica, sino de “un homicidio”.

Explicó que el sangrado se fue hacia “la espalda”, pero el equipo médico se encuentra en muy malas condiciones y no permitió verlo. Además, indicó que el médico que la trató en recuperación solicitó información a la doctora que la operó, “pero ella no dijo nada y la trataron como si fuera sólo una baja de presión. Le dieron medicamento y continuó sangrando.

“Había dos litros de sangre dentro de su estómago y esa fue la causa de su muerte. ¿Se pudo haber evitado? Sí, si la doctora que la operó hubiera dicho lo que pasó en la cesárea. Eso sólo se supo cuando hicieron el estudio patológico después de la muerte. En esa autopsia salió dónde empezó todo el problema y que no lo trataron correctamente debido a las malas condiciones del equipo, que ya fue reportada varias veces”.

Señaló que un homicidio se comete cuando “alguien hace algo o deja de hacerlo”, especialmente cuando es por omisión impropia. “La doctora que la estaba operando debió haber suturado ese desgarre. Eso no fue negligencia”, insistió.

Verduzco aseguró que también se desprende el delito de encubrimiento por obstruir, ocultar o alterando datos que puedan llevar al esclarecimiento del delito, pues en este caso no se mandaron los órganos al lugar donde se haría la necropsia, “¿por qué? Porque se hubiera dado cuenta el doctor de que ahí estaba un desgarre y esa fue la causa de la muerte. No murió por desangrarse; murió porque tenía un desgarre que no fue atendido.

“Lo peor es que pudo haberse salvado”, subrayó. Si la médica hubiera dicho lo que pasó, la hubieran abierto de nueva cuenta. Si ella no podía arreglar el desgarre debió haber pedido ayuda, y no lo hizo.”

Advirtió que a pesar del estado crítico de Keren y de los resultados del ultrasonido, la cirujana rechazó volver a abrir el vientre y ordenó el traslado de la paciente del nosocomio de maternidad al hospital de especialidades contiguo.

Sobre las penas que alcanzarían los involucrados, el abogado explicó que por retener los órganos ilegalmente como los tuvo el hospital serían de cuatro a 16 años de prisión; “si la delegada fuera la encargada a su vez de quienes cuidan esos espacios, andaría entre cuatro y seis años de prisión; por homicidio estamos hablando de entre ocho y 15 años”.

El IMSS sí entregó información a la familia con los nombres del equipo médico que atendió a Keren, reveló Arturo Verduzco. “Parece ser que la doctora que la atendió en cuanto salió de la operación pidió permiso para retirarse. Si se dio cuenta de que salió mal, lo que quería era irse”.

Ante la muerte de Keren y la irritación social que comenzó a generar este caso, Desiree Sagarnaga solicitó el 7 de febrero la renuncia de la directora y la subdirectora del nosocomio, quienes regresaron a sus puestos de base, con la anuencia de la dirigencia del sindicato de trabajadores del IMSS.