Ciudad de México. Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quien se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, ganó un amparo para que un juez de control le entregue la versión escrita de la vinculación a proceso que le dictaron en septiembre de 2020.

La imputación que formuló la Fiscalía General de la República (FGR) se centra en la desviación de más de 58 millones de pesos de la UAEH y otras instancias públicas y privadas, que fueron a parar a Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C., una de las empresas fantasma con las que el también ex rector de la universidad triangulaba recursos públicos.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en el estado de México le concedió la protección de la justicia federal para que tenga acceso al resumen de la diligencia, ya que, dijo, el juez de control no dejó una pieza escrita del auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado.

Los magistrados del colegiado confirmaron las consideraciones de la vinculación a proceso, pues argumentaron que se comprobó la elaboración de un esquema financiero en el que principalmente 10 proveedores realizaron diversas transferencias y depósitos que fueron a parar a Contabilidad del Siglo XXI Pachuca desde el 2011, la cual era operada por diversas coimputadas.

Ello, agregaron, para dar una apariencia de legalidad, sin que realmente existiera una justificación jurídica que sustentara dichas operaciones financieras, pues la empresa únicamente servía como fachada, al encontrarse constituida en papel y no contar con personal humano y recursos materiales para operar su supuesto giro; posteriormente, esta compañía transfería los recursos a los destinatarios finales, entre los que se encontraba Sosa Castelán.

“Esquema financiero, en el que el quejoso participó, al recibir durante el período comprendido del 17 de octubre de 2017 al 30 de mayo de 2018. Así mismo, quedó establecido indiciariamente que dicha empresa no contaba con declaraciones fiscales, o facturación de productos o servicios que permitiera establecer el origen licito de los recursos que recibía”.

En ese sentido, el colegiado dijo que como lo señaló correctamente el juez responsable, “si bien inicialmente los recursos pudieran considerarse lícitos, al provenir de diversas instituciones, lo cierto es que al pasar al dominio de ****, sin justificación jurídica alguna, y ésta transferirlos devuelta a la cuenta del quejoso, como destinatario final, estos se vuelven ilícitos al inexistir un sustento legal que justifique su entrega final”.

Aunado a que Gerardo Sosa en ningún momento reportó tales ingresos, o justificó su legal proceder, “por lo que ciertamente hasta este momento, existen datos de prueba que permiten establecer indiciariamente que esos recursos provienen de un origen ilícito, al inexistir una justificación para triangular de esa manera las operaciones financieras señaladas anteriormente”.

Respecto al hecho con apariencia de delito delincuencia organizada, “se aprecia que le atribuye al justiciable, específicamente dentro de la organización, que a partir del 17 de octubre de 2017, al 30 de mayo de 2020, cuando le realizaron las operaciones para transferirle finalmente las cantidades señaladas, y en ese momento, ya estaba en funciones de presidente del patronato, según el dicho de la propia defensa.

“En ese sentido, si bien inicialmente la fiscalía atribuye la creación de la organización criminal en virtud de su puesto como presidente del patronato, y la creación del complejo esquema financiero anteriormente señalado, en el que finalmente recibió diverso numerario Lo cierto es que acotó la conducta a este último acto, mismo que también formó parte de la formulación de imputación, y el hecho que acreditó el juez responsable, por lo que no le causa perjuicio al justiciable”.