Guatemala. La fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes de Guatemala imputó este viernes cargos a diez personas que fueron detenidas la semana pasada y fueron acusadas de integrar una estructura de traficantes de personas que habrían participado en el tráfico de 15 guatemaltecos que fueron asesinados en México en enero de 2021.

Hace poco más de un año, los cuerpos baleados y calcinados de 19 personas fueron encontrados en Camargo, una ciudad entre la frontera de Tamaulipas y el valle de Texas, una zona limítrofe que desde hace años ha sido punto de disputa entre el cártel del Golfo y la escisión de Los Zetas conocida como cártel Del Noreste. Las autoridades determinaron que 15 de los cuerpos pertenecían a migrantes guatemaltecos, otro a un presunto traficante de éstos, dos más a personas mexicanas y del otro se desconoce más información.

Frente a la jueza Judith Secaida, los diez detenidos —entre ellos dos mujeres— escucharon el viernes cómo el fiscal Stuardo Campos les acusaba de asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico de personas, falsedad y obstrucción de justicia. Campos le dijo a la jueza que uno de los acusados, David Coronado Pérez, era el líder de la estructura que coordinó, organizó y trasladó a los migrantes junto a Ramiro Coronado, prófugo de la justicia, y quien se arrogó la calidad de vocero de las víctimas cuando sucedió el crimen para desviar la atención de los traficantes.

En el incidente también falleció Adán Coronado, hijo de Coronado Pérez y a quien la fiscalía responsabiliza como el guía del grupo de migrantes que cruzó hacia México con la intención de llegar hasta Estados Unidos.

“Usted, señor David Coronado Pérez, en su calidad de integrante y líder de un grupo delictivo organizado conformado con el propósito de traficar ilícitamente migrantes guatemaltecos hacia otros estados… con el ánimo de lucro”, dijo el fiscal en la audiencia.

Según la fiscalía, entre los 15 migrantes fallecidos “que fueron asesinados y quemados por policías mexicanos” habían cinco menores de edad. La Procuraduría General de la Nación fue aceptada provisionalmente como querellante adhesivo en el proceso, con el fin de defender los derechos de las de los familiares víctimas de los menores y buscar reparaciones por los crímenes.

El fiscal Campos explicó a la AP que luego del asesinato de estas personas se documentó que la organización continuó traficando gente. “Se documentó que después de este hecho traficaron a dos grupos más incluidos tres menores de edad”, dijo.

Tras el asesinato de los migrantes, sus mismas familias rápidamente reconocieron e informaron que eran sus seres queridos y que procedían de San Marcos, departamento fronterizo con México. El grupo había partido en busca del sueño americano. Los migrantes luego fueron plenamente identificados a través de pruebas de ADN.

Por el hecho hay dos procesos judiciales, uno en México contra los presuntos asesinos de los migrantes, y otro en Guatemala contra la estructura que había traficado y entregado a los migrantes a quienes los asesinaron.