Por lo general, el principal indicador cuando se habla de desarrollo de un país, es el crecimiento económico y el producto interno bruto (PIB), lo que resulta insuficiente. Por eso el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, incluye entre sus indicadores la esperanza de vida, salud, educación, brecha entre géneros, sostenibilidad, desigualdad y pobreza y otros.
Sin embargo, un factor que rara vez se incluye en la valoración de una nación es del grado de “desarrollo institucional”, la manera en que funcionan y operan las instituciones. De acuerdo con Alejandro Portes, el desarrollo institucional es clave fundamental para el desarrollo y, para que éste pueda darse, las instituciones deben cumplir con tres requisitos indispensables: inmunidad a la corrupción, reclutamiento y promoción meritocrático y ausencia de islas de poder, ésta última se refiere a los feudos, bandas, cacicazgos, etcétera, enquistados dentro de las instituciones y que son capaces de subvertir las reglas institucionales en beneficio propio.
Tres requisitos que, ciertamente, son muy difíciles de cumplir en México y el resto de las naciones de Latinoamérica y que son las rémoras que afectan directamente la posibilidad de salir del subdesarrollo. Pero el meollo del asunto radica no tanto en la corrupción, que existe en todos los países, sino en la impunidad, en que la corrupción no se califica como delito grave; no se persigue ni se castiga el nepotismo, el amiguismo o el clientelismo y se considera una virtud la lealtad al jefe, la sumisión y el sentido corporativo y excluyente de muchas instituciones.
Si nos atenemos a la definición de impunidad: “Circunstancia de no recibir castigo un delito o un delincuente” muchas instituciones, en nuestras naciones, gozan de “impunidad institucional”, que es una forma de violencia pasiva, generalizada y cotidiana.
Por lo general, hay diferentes grados de impunidad institucional, algunas instituciones funcionan mejor que otras, hay procesos con avances y retrocesos. Sería el caso de Guatemala y su sistema de justicia que tuvo que recurrir al apoyo de la Organización de Naciones Unidas, con la Comisión internacional contra la impunidad, (Cicig) que implicó notables avances y luego retrocesos, precisamente porque se afectaban los intereses personales y corporativos de los que tenían capturado al estado (Cicig, 2019). Algo similar sucedió en Honduras con la Misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, con apoyo de la Organización de Estados Americanos.
A nivel de la base eso se refleja en la opinión de un migrante de Honduras que se unió a la caravana de 2018 con su hija pequeña y dejó a su esposa y otra hija en el pueblo, decía que sólo podía prender un foco en su casa y que había tenido que desconectar el viejo refrigerador porque ya no podía pagar el recibo de la luz con la empresa privatizada.
La caravana se convirtió en el momento y la oportunidad para huir, pero en realidad operó la suma de múltiples y pequeñas impunidades que hacían la vida imposible.
La impunidad institucional, de todo órgano de gobierno y que incluye también a las instituciones particulares, afectan directamente a la población en el devenir cotidiano y en su proyección a futuro.
El resultado es un hartazgo generalizado, un cansancio generacional, una desilusión permanente porque una y otra vez se cae y recae en el mismo problema y las promesas electorales son letra muerta.
La impunidad institucional es otra forma de violencia. Ésta se ejerce sobre una parturienta que espera horas o días para ser atendida en un centro de salud; la del juez o secretario del juzgado, que recibe sobornos o traspapela papeles; la de la justicia que nunca llega; la del policía o fiscal que no investiga; la del burócrata que sólo busca entorpecer el trámite; la del maestro que falta sistemáticamente a clases; la del empleado de gobierno que ostenta varias plazas; la del banco que impone comisiones y tasas de interés excesivas; los concursos de trabajo amañados; la emisión de leyes ad hoc para compensar financiamientos de campañas político-electorales; los planes de retiro privatizados que no permiten vivir dignamente a los jubilados.
Estos contextos y prácticas que se replican en muchos países de América Latina, son un caldo de cultivo propicio para emigrar.
El sistema capitalista en naciones periféricas opera con otras reglas, tenemos un sistema imperfecto, porque las instituciones del Estado no operan de manera eficiente y adecuada para ejercer controles mínimos a la banca.
En México la tasa de interés promedio del Banco BBVA para un tarjetahabiente de bajos ingresos, en 2021, era de 67.3 por ciento y el costo anualizado total (CAT) de 92.5 por ciento, en caso de que se utilice todo el crédito. Vendría a ser lo mismo que un crédito de agiotistas que suele ser de 100 por ciento anual.
La ineficiencia, abuso, villanía y bajeza de muchas instituciones públicas y privadas ejercen una violencia pasiva y cotidiana sobre la población lo que lleva inevitablemente a tomar caminos alternativos. La paciencia del pueblo es infinita, hasta que llega el momento y la oportunidad de irse.
