Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, el gobierno federal presentó un ejercicio de austeridad para que el Instituto Nacional Electoral (INE) logre ahorros por 2 mil 972 millones de pesos y pueda realizar en tiempo y forma la consulta de revocación de mandato que tendrá lugar en marzo próximo. La propuesta elaborada por las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contempla la cancelación de los seguros de gastos médicos mayores y de separación que se han autoasignado los altos funcionarios del organismo, así como reducciones de gastos en telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación y equipos de telecomunicaciones. Por último, se plantea reducir los fideicomisos integrados para atender el pasivo laboral y de la “infraestructura para la atención ciudadana”.
En destemplada reacción a dichas propuestas, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, afirmó que aplicar el programa de austeridad violaría sentencias y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y acusó que la intención de las autoridades es “doblegar al INE en la defensa que ha hecho de los derechos de los trabajadores y de sus prerrogativas”. Por su parte, el consejero Ciro Murayama dijo que el gobierno no manda en las decisiones del instituto, y tildó al plan presentado de rayano en lo ridículo.
En torno a esta polémica, cabe puntualizar que el Ejecutivo federal no pretendió imponer directrices al órgano electoral: ayer mismo, tanto el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo, como el subsecretario de Egresos de la SHCP, Juan Pablo de Botton Falcón, subrayaron la autonomía del INE y el carácter respetuoso de la propuesta elaborada.
También resulta llamativo que se insista en presentar como “derechos laborales” las excepcionales canonjías con que la cúpula del organismo se premia a sí misma, y que no sólo no se encuentran establecidas en ninguna ley, sino que son ajenas a la mayoría de los empleados del propio instituto. En este sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, divulgó un ejercicio comparativo entre las prebendas de los consejeros electorales y las condiciones de trabajo de las personas que laboran en los módulos del INE. Mientras los segundos perciben 7 mil 664 pesos, sin ninguna ayuda adicional, los 11 consejeros tienen sueldos de 262 mil pesos (más del doble del que recibe el Presidente de la República); seguro de vida, de separación, de gastos médicos mayores y colectivo de retiro; “apoyos” para gasolina y alimentos por 3 mil 500 y 11 mil 970 pesos al mes, respectivamente; así como entre 10 y 15 asesores para cada uno, algunos de los cuales cobran más de 100 mil pesos mensuales. Por establecer otro punto de comparación, el año pasado los consejeros tuvieron un aguinaldo de 350 mil pesos, y 5 mil 169 trabajadores percibieron sólo 12 mil 773 pesos.
Hablar de derechos laborales cuando se es partícipe de esas desigualdades debiera ser motivo de sonrojo y persistir en la solicitud de recursos adicionales cuando se ha demostrado que el instituto dispone del presupuesto necesario para cumplir con sus obligaciones constitucionales muestra una obcecación incomprensible por torpedear sus propias funciones. Es de esperarse que el INE deponga esta actitud de confrontación, atienda las sugerencias que le son presentadas en el mejor ánimo republicano y se sensibilice con una realidad nacional en la que ya no tienen cabida los enormes privilegios creados en los sexenios precedentes.
