Morelia, Mich. Hace dos semanas desapareció en el municipio de Arteaga, en la zona conocida como Infiernillo, Arafat Zaragoza Márquez, cuando se dirigía a su centro de trabajo en el puerto Lázaro Cárdenas. El hombre, de 38 años de edad, se suma a las 3 mil 800 personas desaparecidas en la entidad, reportadas de 2019 a la fecha, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Se sabe que Arafat Zaragoza iba con un compañero de labores en el área de minerales. Tampoco se ha localizado el vehículo en el que viajaban.

La fiscalía detalló que las desapariciones en la entidad ocurren en un promedio de cinco personas al día, y estimó que poco más de 50 por ciento de esa cifra fue encontrado con vida; sin embargo, no hay datos de personas encontradas fallecidas o que no se sabe nada de ellas.

Existe un parámetro que dio a conocer la entonces Procuraduría de Michoacán: entre 2006 y julio de 2019 se presentaron 3 mil 404 denuncias por desaparición, de las cuales mil 522 aparecieron con vida; 126 sin vida y del resto se desconoce su paradero.

Este lunes en Guadalajara, Jalisco, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU llevó a cabo una serie de reuniones con activistas y grupos defensores de derechos humanos para analizar la problemática desde distintos ángulos.

Mercedes Ruiz, integrante de la organización defensora de derechos humanos Caminando Juntos, comentó para La Jornada que el próximo viernes 19 de noviembre el comité de la ONU recibirá también en capital tapatía a colectivos de Michoacán, locales, y de otros estados colindantes; reunión en la que participarán defensores de derechos humanos, funcionarios del área de seguridad e integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Ruiz denunció que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto mintieron durante años en cuanto al registro y la búsqueda de personas desaparecidas, ya que nunca tuvieron archivos serios y ordenados, y siempre escondieron los expedientes, en cambio, sí criminalizaron a las personas desaparecidas y sus familias.

Recordó que su hijo, el abogado Alejandro Ortiz Ruiz, desapareció el 29 de noviembre de 2010, iba acompañado de su compañera Vianey Heredia, y la última vez que tuvieron contacto con ellos fue en Apatzingán. “Se dirigían a Lázaro Cárdenas, donde atendían a pequeños propietarios de una mina”, dijo.

En entrevista, Indalecio Pedrizco Pacheco, integrante del colectivo Familiares en tu Búsqueda, comentó que desde hace seis años busca a su hermano Enrique, quien desapareció en el municipio de Tumbiscatío.

Agregó que está gestionando para que en 2022 llegue a Michoacán la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos porque en su municipio ninguna autoridad ha querido entrar a investigar por la inseguridad que hay en esa región. “Junto con otros compañeros hemos encontrado a varios desaparecidos para que de esta forma sus seres queridos puedan llevarle a la tumba flores y alguna veladora”.

El próximo viernes, la mayoría de los colectivos del Michoacán se reunirán con autoridades del estado, Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE), Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) con el objetivo principal de que el próximo año llegue la Brigada Nacional a la entidad.

En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hizo un llamado a las autoridades para agilizar los trabajos de identificación de los restos humanos que aún están pendientes, de manera que se respete el derecho a la verdad y al duelo de las familias.

En reuniones con los familiares de personas desaparecidas, acotó, se ha hablado de la necesidad de sensibilizar a las autoridades sobre el trato que se brinda a los cuerpos y osamentas que se encuentran en proceso de identificación, aunado a que los espacios resultan ya insuficientes en esta labor.

La CEDH apuntó que Morelia cuenta con un centro de resguardo forense para custodiar los restos de cientos de personas no identificadas, así como brindar un trato digno, responsable y ordenado.