La defensa de los derechos de las mujeres permea en las comunidades originarias y ha propiciado acuerdos en asambleas para acabar con la violencia de género, señaló Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en relación con los matrimonios infantiles forzados y el intercambio de niñas por mercancías o dinero.

“Hay feminismo indígena. Son movimientos nacionales e internacionales de mujeres indígenas feministas que proponen cambios en sus comunidades, pero a través del sistema de usos y costumbres”. Además de impugnar la violencia machista, abogan “por sus derechos a la participación, a la tenencia de la tierra y a ser electas”.

Un ejemplo, refirió, es Chuchilton, Larráinzar, Chiapas, donde el 28 junio pasado se tomó un acuerdo contra la violencia de género.

En el escrito, proporcionado a La Jornada, firmado por los líderes de la comunidad, se lee: “Nunca más una mujer sufrirá maltrato físico. Basta de fomentar el abuso y la división entre mujeres y hombres. Unidos seremos más fuertes e invencibles, y esa comunión enseñará a las nuevas generaciones un tipo de relaciones más sanas”.

Frente a la polémica desatada por el caso de una menor en la Montaña de Guerrero y la atribución de esta práctica a usos y costumbres y no a la deformación de una decisión comunitaria de dote, Gasman indicó que este problema “no es sólo un problema indígena. El matrimonio infantil o las uniones tempranas son una práctica internacional y un desafío. Es importante no estigmatizar a las comunidades”.

Unicef indica que, a escala global, cada año 12 millones de niñas menores de 18 años se casan y 650 millones lo hicieron en la minoría de edad. En la última década se han evitado 25 millones de matrimonios infantiles; no obstante, dijo, se debe acelerar el proceso, pues de lo contrario, al llegar a 2030 más de 150 millones de niñas estarán casadas antes de los 18 años.

Naciones Unidas señala que el matrimonio infantil y las uniones tempranas son una violación a los derechos humanos de este sector. Por ello, la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible busca “eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.”

El casamiento de menores es causa y consecuencia del embarazo temprano, de violencia sexual y de género y se vincula con la deserción escolar, la mortalidad materna y la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Gasman señaló a este medio que “se trabaja para prevenir y sancionar la violencia en sus propios marcos (las comunidades), y para prevenir el matrimonio infantil”, sin imponer una visión. “Trabajamos con la gobernadora Evelyn Salgado y con la Secretaría de las Mujeres de Guerrero para hacer una mesa interinstitucional con las comunidades, no desde afuera ni desde lo estatal y federal, y para plantear soluciones que realmente resuelvan el problema”. Mañana se anunciará una estrategia.

“Hay que reconocer que la venta de niñas es una forma de violencia y una práctica e ilegal”. La venta y el matrimonio forzado de menores de edad “están prohibidos por ley. En 2019 se logró armonizar las normas a nivel nacional”, y sucede también en “Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Sonora y Chihuahua”.

Por otro lado, hace unos días, Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, anunció que Morena presentará una iniciativa para prohibir esa práctica de forma definitiva.