México es un país cerrado a la inmigración. Aunque ha sido en ocasiones solidario con los españoles republicanos, con los sudamericanos perseguidos por las dictaduras y con los guatemaltecos que escapaban de las masacres y el genocidio.
Ahora toca ser solidarios con los haitianos, los venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos y tantos otros desarraigados de sus lugares de origen. Y en ese sentido México, se ha quedado a atrás en cuanto a la acogida. Ya no se trata de migración en tránsito y de dejarlos pasar a Estados Unidos. Muchos se quieren quedar en la nación, pero no los dejan, les dan largas, los encarcelan en Tapachula.
Los datos duros y fríos demuestran este resago. Un millón y medio de venezolanos acogidos en Colombia; 700 mil en Perú; 300 mil en Ecuador, Chile y Brasil, este último acogió, de manera oficial, a 85 mil haitianos y Chile, a unos 18 mil. Estados Unidos, a pesar de todos los peros, ha recibido a más de 300 mil solicitantes de refugio en años recientes.
Le toca a México ser solidario. Una caravana de 4 mil desarraigados, hombres mujeres y niños se dirige a la capital y toca la puerta de Palacio Nacional, donde dicen que vive un hombre sensible a las causas populares y al pueblo desprotegido. Hace unos años los migrantes de otra caravana le pedían al presidente Trump que los “dejara entrar” y respondió con gases lacrimógenos y el muro apuntalado. Ahora llaman a la puerta del palacio de gobierno en el Zócalo.
En los últimos tres años, México ha otorgado refugio a más de 150 mil personas. Éste es una vía que se puede utilizar y que hay que agilizar y defender, pero no es la única, hay que ofrecer otra alternativa de regularización. Ya lo dijo la Comar, muchos de estos migrantes desarraigados no cumplen los requisitos formales para acceder a este trámite.
Pero hay 30 mil personas que ya están en México y retoman el grito de los mexicanos del barrio de Pilsen, plasmado en un mural de Chicago: “Aquí estamos, aquí nos quedamos”.
¿México tiene la capacidad para recibir y acoger a otros 100 mil inmigrantes? ¿Unos 30 mil que ya están en el territorio y otros 60 mil que irremediablemente llegarán?
Veamos las cifras, que son las que ayudarían a definir las políticas migratorias. El censo de 2020 informa que habían 1.2 millones de extranjeros en el país, de los cuales 400 mil son hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, es decir binacionales. La resta nos deja con 800 mil extranjeros, en un país de 126 millones. En términos relativos 0.63 por ciento y en términos estadísticos: ¡nada!
Por otra parte, el citado censo pone en evidencia que ya terminó el proceso de transición demográfica y, por tanto, el bono demográfico que aportaban trabajadores jóvenes al mercado de trabajo estadunidense. No obstante, la pandemia ha vuelto a reactivar la emigración de jóvenes y la nación a perder población. Ambos factores evidencian desequilibrios en el mercado de trabajo que pueden ser llenados fácilmente con migrantes, siempre y cuando se les den facilidades para su trámite migratorio y se les oriente hacia zonas donde hay demanda de trabajo.
El salario mínimo en México, incluso el de la zona fronteriza de 10.70 dólares por jornal, no ofrece ninguna ventaja comparativa con Centroamérica, son prácticamente iguales. El salario mínimo de Costa Rica para migrantes nicaragüenses, por ejemplo, es de 17 dólares. Sin embargo, en nuestro país hay mejores condiciones en cuanto a salud, educación, prestaciones, infraestructura y oportunidades de progresar y mejorar que en América Central. No así para el caso de los haitianos que percibían mejores salarios en Brasil y en Chile, pero no todo es cuestión de salarios, si fuera por eso se habrían quedado en Panamá, donde el ingreso mínimo mensual es de 625 dólares.
Los flujos migratorios son cada vez más complejos en cuanto a las causas y su composición. Y las políticas migratorias se deben ajustar a las circunstancias cambiantes. La política de deportación de centroamericanos no funciona, tan es así que varios miles vienen en caravana y estuvieron esperando meses en Chiapas. Tampoco funcionó la política de confinamiento en Tapachula y la negativa del Inami a solucionar las demandas de los migrantes y los reclamos de la población mexicana afectada.
Tampoco han funcionado las propuestas tramposas que hacen los funcionarios de migración. Devolver a las mujeres embarazadas y con niños a Tapachula para hacer el trámite, es simplemente hacer el trabajo sucio, para que no lleguen a Estados Unidos, donde tienen derecho a solicitar asilo.
En este momento, ya no se trata de inmigración, donde los gobiernos pueden controlar los flujos y ponen requisitos que deben cumplirse, tampoco estamos en la fase de tránsito donde el gobierno dejaba “hacer y dejaba pasar”, se lavaba las manos y campeaba el tráfico y la trata; ahora entramos a una fase de migración en sentido propio, de un fenómeno natural imparable, donde la gente y los pueblos buscan comida, seguridad, refugio y oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen.
Se trata de un éxodo de los pueblos más pobres de continente: Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela, con estados fracturados y capturados por oligarquías y clases políticas corruptas; con pueblos reprimidos que ponen en evidencia el fracaso del neoliberalismo y lo que llaman socialismo.
En este caso, sí vale una política de abrazos y no balazos.
