Caracas. El fiscal de Venezuela, Tarek Saab, declaró ayer que miles de documentos enviados por su oficina a la Corte Penal Internacional (CPI) fueron “totalmente silenciados” en la investigación preliminar hecha al país sudamericano y que dio paso esta semana a una pesquisa formal por posibles crímenes de lesa humanidad, la primera en América Latina.

Horas después, el presidente Nicolás Maduro afirmó que es víctima de un lawfare (guerra jurídica) internacional que busca hacerlo ver ante el mundo como responsable de agresiones y ataques.

Al cierre de una visita de tres días, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció el miércoles –en un memorando de entendimiento firmado con el gobierno– que decidió abrir la investigación.

El gobierno señaló que respetaba, pero no compartía la decisión de Khan.

“El fiscal nos informó que ha concluido el examen preliminar y que procede abrir una indagatoria; esto, a pesar de que no se ha identificado ningún sospechoso” al que se le puedan imputar cargos, dijo el fiscal general venezolano, Tarek Saab, en una declaración transmitida por la televisión estatal.

“No tenemos nada que ocultar”, agregó Saab, quien aclaró que la decisión de la fiscalía de la CPI no tomó en cuenta los datos aportados por el Ministerio Público venezolano.

“La entrega de más de 3 mil folios del trabajo del Ministerio Público fueron totalmente silenciados por Fatou Bensouda, la antigua fiscal de la CPI”, denunció Saab.

Familiares de detenidos y abogados activistas manifestaron que la decisión del fiscal Khan era una señal esperanzadora para las víctimas venezolanas.

“El anuncio de Khan es lo que hemos soñado los venezolanos, que se superara esta fase preliminar y se avanzara, lo que nos va a permitir seguir documentando los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela”, expresó Andreina Baduel, cuyo padre, el ex ministro de Defensa Raúl Baduel, crítico al gobierno, murió en prisión en octubre pasado.

“No es momento de desmayar, sino de afianzar esta lucha, de llevar (a la fiscalía de la CPI) la documentación pertinente para que finalmente haya justicia”, agregó Baduel, cuya familia rechaza la versión oficial de que su padre murió de un paro respiratorio derivado del Covid-19.

El mandatario aseguró que es “víctima de un lawfare internacional, porque no pueden hacer aquí una guerra jurídica, pues en Venezuela hay instituciones firmes y constitucionales”. El mandatario manifestó que él ha sufrido agresiones, ataques e intentos de asesinato y de golpes de Estado, pero buscan presentarlo como el victimario, por lo que está ante “una batalla por la verdad”.

Maduro acusó que el “imperio judicial” pretende utilizar sus tribunales y fiscalías para acusarlo y promover juicios basados en mentiras.

“Quieren convertir a los asesinos en acusadores, en víctimas, en jueces, a los victimarios que asesinaron al pueblo de Venezuela, que lo encerraron en las guarimbas (protestas violentas) y que quemaron a personas vivas”, concluyó.