El 5 de agosto pasado, las organizaciones de familiares de desaparecidos de Morelos finalizaron una jornada de 46 días supervisando el proceso de traslado e inhumación de los cuerpos de personas no identificadas, de los servicios médicos forenses (Semefo) a la fosa común en Cuautla. La decisión de regularizar la situación de los cuerpos no reconocidos que se amontonaban en los servicios forenses del estado y trasladarlos a gavetas individualizadas en una fosa común, se dio después de que la organización Regresando a Casa Morelos, en alianza con otras organizaciones de derechos humanos, presentó en enero pasado ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas una solicitud de llamamiento urgente al Estado mexicano para que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) informara la situación irregular de los cuerpos bajo custodia estatal, incluyendo los exhumados en las fosas irregulares de Jojutla y Tetelcingo hace cinco años (https://cutt.ly/zQOVoZE).
Las madres, esposas, hermanas de los desaparecidos de Morelos se han convertido en las principales defensoras de los derechos de las personas muertas que esperan ser identificadas para poder regresar con sus familias. Es por esto que tomaron en sus manos la tarea titánica de supervisar presencialmente la regularización y el traslado de los cuerpos que llevaban años esperando en los frigoríficos estatales de Cuautla, Cuernavaca y Jojutla. ¿En qué otro país del mundo las personas que están lidiando con el dolor y el trauma de una pérdida, deben pasar días viendo cadáveres, tomando notas, apuntando irregularidades, porque, si no lo hacen, si no supervisan que el estado cumpla con sus responsabilidades, es probable que estos seres humanos no identificados terminen siendo tratados como basura?
Los colectivos de familiares de desaparecidos han peleado por el derecho a supervisar a los servicios forenses, porque han constatado a lo largo de sus luchas las formas ilegítimas, indignantes y hasta ilegales en la que son tratados los cuerpos. Los casos de las fosas ilegales del estado en Jojutla y Tetelcingo, donde se encontraron cuerpos vestidos, torturados, maniatados, sin necropsias, son sólo un ejemplo de esto.
Si bien las familias querían que estos cuerpos pudieran tener las necropsias correspondientes que facilitaran su identificación y pudieran ser inhumados de manera digna, los procedimientos de la fiscalía desde sus inicios estuvieron llenos de irregularidades. Por lo que el 17 de junio de 2021, la organización Regresando a Casa Morelos informó que no avalaría el proceso, porque forenses independientes habían analizado el plan de trabajo y éste no cumplía con los requisitos mínimos de las normativas nacionales e internacionales. La fiscalía ignoró estos cuestionamientos y siguió adelante con el proceso. Sin avalarlo, las familias decidieron supervisarlo. Y ahí estuvieron casi 12 horas diarias durante mes y medio. Unas adentro tomando notas, haciendo dibujos de las prendas que tenían los cuerpos, otras afuera atendiendo a las familias que venían a buscar a sus hijos e hijas. Estamos en espera de su informe, pero al haber tenido el privilegio de acompañarlas durante algunos días pude constatar que en vez de los 632 cuerpos que oficialmente se había anunciado que se trasladarían, sólo fueron inhumados 388 (111 en Cuautla, 144 en Cuernavaca y 133 en Jojutla). ¿Cuál será el futuro de los 244 que continúan en los frigoríficos? ¿Qué hay detrás de la tipificación de “no procede” que se le dio a muchos cuerpos que no fueron trasladados? ¿Por qué había cuerpos que fueron recuperados hace más de cinco años, aún tenían prendas de vestir y no se les habían practicado necropsias? Muchas interrogantes que confirman la desconfianza inicial en el proceso. Aunque no todos los colectivos coinciden en sus críticas a los procedimientos estatales, todas tienen en común su práctica amorosa hacia los muertos no reconocidos, enseñándonos que la pedagogía del amor, es más fuerte que la pedagogía del terror.
Ahí estaban ellas en el Semefo de Jojutla o esperando los cuerpos en el Panteón Ministerial de Cuautla, cuando se hizo la consulta el 1º de agosto pasado preguntando a los mexicanos: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” Es decir, la pregunta misma reconocía que se ha pasado por encima de la ley y se ha dado continuidad a la impunidad. Las mujeres haciendo guardia en las morgues lo han documentado con creces. Ahí estaban ellas vigilando al Estado cuando la comandancia zapatista hizo el llamado a hacer una consulta extemporánea para expresar a las víctimas de las múltiples violencias nuestro respeto a su dolor (https://cutt.ly/RQOVdAX).
Con o sin nuestro acompañamiento, ellas siguen poniendo sus cuerpos y su energía política en la búsqueda de todos los desaparecidos, siguen exhumando cuerpos que gritan verdades que no queremos escuchar, entre ellas que ¡fue el Estado! Cuando en un servicio forense estatal el cuerpo de una mujer puede permanecer cinco años sin necropsia y con la ropa interior puesta, es que el Estado es cómplice de ocultar la verdad; cuando en las fosas comunes estatales la delincuencia puede ocultar cuerpos torturados, el Estado se vuelve parte del aparato criminal desaparecedor. Los zapatistas nos están invitando una vez más a movilizarnos y unir nuestras voces a las de las familias, empujemos juntos una campaña nacional por la verdad y la justicia. No seamos indiferentes ante el oprobio.
