La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó hacerse cargo del amparo presentado por la comunidad indígena nahua de Tecoltemi, Puebla, contra la concesión a una filial de la empresa canadiense Almaden Minerals, de una mina de oro y plata a cielo abierto, sobre parte de sus tierras ejidales.

Los indígenas solicitan a la SCJN definir los alcances de los conceptos “exploración, explotación y los beneficios de los minerales y su utilidad pública”, tal y como se establece en el artículo 5º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Minera.

El caso inició desde que, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la Minera Gorrión obtuvo los títulos de concesión para las áreas de Cerro Grande, en 2003, y Cerro Grande 2, en 2009.

En conjunto, el proyecto incluye 14 mil hectáreas del municipio de Ixtacamaxtitlán, donde además se pretende instalar una planta de procesamiento por flotación con capacidad de filtrar hasta 30 mil toneladas de material por día.

Ante los posibles daños al medio ambiente de su región, la comunidad recurrió a un amparo, el cual le fue concedido en primera instancia por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales, el 11de abril de 2019.

El fallo fue otorgado por considerar que las autoridades violaron el derecho a la consulta previa entre la comunidad indígena.

Inconforme con esto, la Secretaría de Economía pidió su revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, no obstante, éste consideró que al no existir jurisprudencia sobre el tema, y por la trascendencia y novedad del asunto, era necesario que la SCJN se hiciera cargo de su resolución.

La demanda tiene ahora un precedente en su contra, fallado en enero pasado en la Segunda Sala de la SCJN, donde en un caso similar se consideró que no era inconstitucional que la Ley Minera no incluyera una previsión sobre la consulta indígena.

Sin embargo, el nuevo amparo en revisión, identificado como 134/2021, va más allá, al pedir a los ministros que establezcan el significado de “utilidad pública” para concesionar una mina, así como su repercusión en la comunidad donde se ubicará la explotación.

Las protestas de los nahuas de Tecoltemi han llegado hasta Canadá, a cuyos congresistas llevaron un mensaje donde señalaban: “Nuestros antepasados legaron la madre Tierra, entonces nosotros tenemos que salvaguardarla también para heredarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes vendrán después.”