La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe manifestarse y crear jurisprudencia para que el Estado mexicano no vuelva a participar en un programa como Quédate en México, con el que se violentó la Constitución y la histórica tradición de asilo.
Por eso, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tramitaron hace más de un año el amparo que escaló a la primera sala del máximo tribunal y que hasta ahora no ha sido discutido.
En entrevista con La Jornada, Miriam González Sánchez, portavoz de Imumi, detalló que diversas organizaciones mexicanas y estadunidenses han documentado que entre enero de 2019 y diciembre de 2020 al menos mil 314 migrantes bajo el mencionado programa fueron víctimas de diversos actos de violencia, secuestros, extorsiones, abusos sexuales, robos, amenazas, deportación y discriminación, entre otros, de acuerdo con información publicada por este diario en marzo pasado.
La vocera de la ONG indicó que el amparo se presentó contra las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de los institutos nacionales de Migración y de las Mujeres, como corresponsables de las consecuencias contra migrantes.
Quédate en México, oficialmente llamado Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), fue un emblema de la postura asumida por la administración de Donald Trump. Vigente desde enero de 2019, obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México en lo que sus casos eran definidos en las cortes de aquella nación. Al asumir el poder, el presidente Joe Biden anunció su cancelación.
El objetivo del recurso promovido por el Imumi y el PUDH es que la Corte se pronuncie y se asiente la negativa para que el Estado mexicano participe de nuevo en políticas migratorias y de asilo que contravengan la Constitución.
González Sánchez enfatizó que aun cuando Biden canceló el MPP, miles de centroamericanos aún padecen las consecuencias y los riesgos a los que estuvieron expuestos.
“En enero se eliminó esa política, pero no los estragos entre esa población. Para su cancelación se dijo que se permitiría la entrada a Estados Unidos a unas 25 mil personas con casos activos, pero ¿qué pasará con el resto? Había más de 70 mil inscritos al MPP”.
Enfatizó que con el cierre del MPP los migrantes enfrentan peligros, como Cristian San Martín, cubano de 20 años asesinado el 17 de mayo en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando esperaba que se aprobara su ingreso a Estados Unidos, caso que también documentó La Jornada.
“El caso de Cristian debe ser referente para que la SCJN asuma su deber y resuelva el amparo que tiene desde hace más de un año y se pronuncie en favor de los derechos de los migrantes. La Corte no puede evadir su responsabilidad.”
