Ciudad de México. La desaparición forzada “ha sido una violación recurrente que ha generado profundos impactos individuales, familiares y sociales en el país”, aseveró Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México. Refirió que de acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, actualmente en México hay más de 88 mil personas en esta situación.

Al cumplirse 14 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en Oaxaca, destacó que el papel del Poder Judicial es esencial para hacer frente a las injusticias, la protección que se puede brindar desde éste constituye para las familias de las personas en esta condición, “quizá la última esperanza en el ámbito interno ante los abusos y las negligencias de otras autoridades”.

Sobre el caso de Gabriel y Edmundo, destacó que éste sigue siendo “paradigmático”, entre otras razones, por la tenacidad de los familiares que los han buscado sin cesar “y han intentado por todas las vías posibles que haya una debida investigación y sanción para los responsables”, y porque si bien ocurrió en el año 2007, “con posterioridad a lo que en México se ha conocido como el periodo de la Guerra Sucia, también es cierto que los elementos que hemos conocido sobre cómo podría haber ocurrido la desaparición forzada nos recuerdan a dichos tiempos”.

De igual manera, recordó que está pendiente de cumplirse la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “que reconoce expresamente que se trató de una desaparición forzada” y que existen elementos que permitirían investigar a funcionarios públicos como presuntos responsables de los hechos.

Ante estos antecedentes sobre la desaparición de Gabriel y Edmundo, consideró que si se logra esclarecer el caso permitiría vislumbrar posibilidades para otros, pero también si esto no sucede “nos cabe la pregunta de qué depara al resto”.

Por su parte, Nadin Reyes, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” , dijo que a 14 años de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo, en Oaxaca en mayo de 2007, “no hemos recibido por parte del Estado voluntad política para resolverlo, sino todo lo contrario, hasta el momento seguimos con la impunidad, injusticias, criminalización y represión, por exigir nuestro derecho a saber la verdad y exigir justicia para nuestros familiares”.

En conferencia de prensa, también reprochó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “no haya emitido hasta el momento una sentencia respecto del caso, es más, que ni si quiera haya agendado en la lista de temas a discutir el de Gabriel y Edmundo el cual se encuentran en esta institución, en espera, desde junio del 2020 cuando decidió atraerlo, y sobre todo sin que se conozca el dictamen de sentencia propuesto por la juez Margarita Ríos Fargat. Hecho”.