En la carta del Departamento de Estado de Estados Unidos, con fecha del 4 de mayo pasado, enviada al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se incluyó una lista de 19 empresas y 16 personas físicas, entre éstas el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quienes en el documento se identifica como posibles miembros de una organización de lavado de dinero, por lo que solicita a la UIF congelar las cuentas bancarias de los presuntos implicados.
Los 35 nombres expuestos por Washington forman una red, según esa indagatoria, en la que están familiares del mandatario estatal: sus hermanos Ismael y José Manuel, así como su primo José Ramón; la madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; la esposa, Mariana Gómez Leal, y el suegro José Ramón Gómez Reséndez.
En la lista están también nombres de empresas dedicadas a la explotación y comercialización de combustibles, especialmente gasolina y gas, e inversionistas en los dos países.
Aparecen inmobiliarias y compañías de avalúos; un empresario ganadero, Juan Helú García, y una organización civil llamada Horizonte Vertical, dedicada a asesorías político-electorales.
En la entidad trascendió que García Cabeza de Vaca estaría refugiado en un rancho ganadero propiedad de Álvaro Villanueva Perales, en el municipio Aldama o en otro, en la alcaldía Hidalgo, donde hay presencia de guardias comunitarios. Mientras, policías estatales hicieron rondines en la casa de gobierno como cuando custodia al mandatario.
Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador difundió ayer parte de la carta enviada por el Departamento de Estado a la UIF y se transmitió en la pantalla del salón la lista de nombres se empezaron a difundir otros políticos y empresarios como supuestos integrantes de la citada red.
Según la Oficina Federal de Investigaciones los involucrados en este caso “se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos, se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países”.
En el texto se indica que “la oficina del Agregado Jurídico (“FBI”) está llevando a cabo la indagatoria citada y le solicita a la UIF investigar irregularidades bancarias vinculadas con los sujetos indicados y sus posibles vínculos con actividades criminales en México con el objeto de identificar sus redes de lavado de dinero, socios y números telefónicos con la finalidad de desmantelar la organización y prevenir futuras actividades ilegales tanto en México como en Estados Unidos”.
