El libramiento de la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca se mueve desde ya en dos planos: el político y el judicial.

En el primero, forma parte de la batalla, no solo electoral, entre Palacio Nacional-Morena y la coalición partidista adversa, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. El morenismo de inmediato se ha asido a la interpretación de que se está frente a un acto de justicia, que muestra que no hay más impunidad. Los opositores, a su vez, aceran el discurso relacionado con autoritarismo e incluso “dictadura”.

En lo jurídico, se está en presencia de dos resoluciones que no necesariamente son contradictorias, aunque se requiere la precisión del Poder Judicial: por una parte, un magistrado de la Corte mantuvo el fuero estatal para el gobernador en cuestión, advirtiendo que, terminando el periodo gubernamental del mandatario en turno, podrá proceder la acción judicial federal, y, por otra, un juez ha autorizado a la Fiscalía General de la República apresar al panista gobernante; ha de entenderse que siempre y cuando esté fuera de Tamaulipas, donde seguiría teniendo fuero estatal.

En lo inmediato, el anuncio de la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca ha llevado a cuando menos dos especulaciones: una, respecto a la ubicación física del gobernador, entre versiones insistentes, pero no comprobadas a la hora de teclear la presente entrega, de que habría huido, supuestamente al extranjero (en días pasados había anunciado que haría una gira por Estados Unidos y Canadá).

La otra especulación se refiere a la postura que sostendrán los otros poderes tamaulipecos, en especial el Legislativo, con mayoría panista, que podría mantener a García Cabeza de Vaca en el cargo aunque sea a distancia o en términos excepcionales. El jefe político del Senado, Ricardo Monreal, advirtió ayer de esta posibilidad y, además de señalar al Congreso estatal de haber actuado “indebidamente”, señaló que “ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe”. ¿Cómo podría “actuar” el Senado? ¿Determinando una desaparición de poderes en Tamaulipas?

Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, anunció que se ha pedido a bancos que bloqueen cuentas relacionadas con García Cabeza de Vaca: doce personas físicas y 25 jurídicas serían las afectadas por esta medida, en las que se incluyen a esposa, hermanos y padres del panista. Recuérdese que la orden de aprehensión conseguida ayer por la Fiscalía General de la República se funda en acusaciones sobre presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y actividades consideradas propias de la delincuencia organizada. Algo más: la UIF indaga si desde cuentas particulares relacionadas con García Cabeza de Vaca o desde la administración de Tamaulipas se han financiado tareas electorales.

A reserva de los senderos políticos y judiciales por los que fluya el caso, tendrá impacto electoral. Los indicios disponibles muestran un enorme enriquecimiento inexplicable del gobernador de Tamaulipas, su familia y sus cercanos. La corrupción en el ejercicio del poder público se ha convertido en un baldón para muchos panistas “pragmáticos”, metidos en moches y otras formas de delincuencia política.

Ahora, el Partido Acción Nacional ha cometido el error, casi insalvable, de profesar lealtad a uno de sus cuadros relevantes, sin reparar en que la corrupción y delictividad señalada en García Cabeza de Vaca terminará embarrando a los mandos partidistas retóricamente defensores, al partido blanquiazul en general y a sus propuestas de “salvación nacional” en alianza con otros ejemplares del catálogo oscuro: los priistas y los perredistas. ¡Hasta mañana!

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