Unas 10 mil personas originarias de Nuevo León que residen en el extranjero no podrán votar el 6 de junio, debido a que el Congreso del estado debió elaborar una legislación en la materia desde 2017 y no lo hizo, señaló Jaime Noyola Cedillo, asesor jurídico de la Alianza Braceroproa en la entidad.
Explicó que hace cinco años el diputado independiente Ángel Barroso Correa presentó una iniciativa de reforma al artículo 43 de la Constitución estatal para dar oportunidad a los neoleoneses que se encuentran en otros países de elegir a sus representantes de gobiernos municipales y del estatal.
No obstante, la Comisión de Legislatura y Puntos Constitucionales, encabezada en ese entonces por el panista Hernán Salinas Wolberg, no aprobó la propuesta y ésta tampoco salió adelante cuando Barroso Correa la mandó al pleno.
Según el Registro Federal de Electores en Nuevo León, la lista nominal es de 4 millones 200 mil 483 electores; de ellos, 10 mil 799 corresponden a ciudadanos que viven en otras naciones, quienes, a diferencia de como se hará en otros estados, no podrán emitir su voto en los comicios de este año, sino hasta el 2024, cuando se elige Presidente de la República.
Protesta en Zirahuén
Por otra parte, autoridades comunales de Zirahuén, municipio de Salvador Escalante, Michoacán, se manifestaron ayer frente al Instituto Electoral de la entidad para demandar una consulta en esta población purépecha que les permita elegir a sus autoridades por usos y costumbres.
La jefa de tenencia Flor Árciga, y el comisario de bienes comunales Eraclio Paz, quienes encabezaron la protesta, pidieron el derecho a la autodeterminación para esta población, y por ende, que sean los dirigentes electos por asamblea popular quienes manejen de forma directa el presupuesto que les corresponde porque aseguraron que de no ser así, “no llegan los recursos”.
Los inconformes aprovecharon para denunciar ante los medios de comunicación que hay un grupo de particulares que pretenden despojarlos de un predio de 400 hectáreas, conocido como El Tepanco, para construir un complejo turístico, que contaría con cabañas, albercas, restaurantes y un centro comercial.
El coordinador del Concejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Guzmán, explicó que esa superficie en disputa fue vendido hace años a los que ahora se dicen propietarios, “pero las tierras comunales no se pueden comercializar”.
