En 2021 estaremos celebrando el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), siendo Jose Vasconcelos Calderón su primer secretario; durante los primeros 50 años de servicio, el principal objetivo de la dependencia era que todos los niños mexicanos recibieran al menos la educación primaria completa, para dar así cumplimiento a la Constitución de 1917 que en su artículo tercero decía que era obligación del Estado ofrecer educación primaria gratuita y laica a toda la población que la requiriera, y de manera especial a niños y niñas menores a 14 años, para quienes la educación primaria había sido declarada como obligatoria.
Para 1971, año en que la SEP cumpliría 50 años, este objetivo estaba cumplido para la población de siete a 14 años. Sin embargo, existía un gran rezago en la medida que la mayor parte de la población mayor a 14 años no había cursado la primaria completa y un alto porcentaje de ella seguía siendo analfabeta, mientras que otro porcentaje, sabiendo leer y escribir, se había abierto paso aprendiendo diversos oficios que le aseguraba el acceso a percepciones mayores para sostener a su familia, aunque no contara con certificado que avalara sus conocimientos. Tal situación llevó al entonces titular de Educación, Víctor Bravo Ahuja, a crear una infraestructura que permitiese evaluar y certificar los conocimientos y habilidades de esta población “autodidacta”, logrando con ello que un número importante y creciente de personas obtuviesen un certificado de primaria e incluso de secundaria, logrando reducir el rezago educativo de manera significativa.
Estas experiencias generaron un conjunto de dudas: si quienes no habían podido asistir a una escuela, habían sido evaluados para determinar y certificar sus niveles de conocimientos y habilidades, ¿No sería importante que los niños que habían estudiado en una escuela fuesen evaluados, para asegurar que sus conocimientos fuesen similares a los de los adultos evaluados y certificados? E igualmente, con los jóvenes que habían terminado su educación secundaria ¿No sería menester asegurarse que tuviesen conocimientos similares a los de adultos certificados que no habían recibido una preparación escolar?
Con el tiempo este tipo de dudas aumentaron: ¿los niños que terminaban su primaría o secundaria en Chiapas, tenían el mismo nivel de conocimientos de quienes lo hacían en la Ciudad de México o en Monterrey? ¿Los niños que terminaban la primaria o secundaria en una escuela determinada, poseían conocimientos equivalentes a los logrados en otra? ¡Por supuesto que no! Cada profesor examinaba a sus alumnos a su saber y entender, por lo que las dudas sobre los conocimientos reales de los estudiantes resultaban mayúsculas, siendo necesario contar con instrumentos de evaluación y certificación que indicaran con certeza los conocimientos adquiridos por los alumnos. Ello dio lugar a la generación de dos posiciones contrarias, tanto en el magisterio como entre las propias autoridades educativas: la primera abogando por la aplicación de evaluaciones que indicaran de manera real y más o menos precisa, los niveles de conocimientos de primaria, secundaria y educación media superior (bachillerato) para de allí estudiar los factores que incidían en las diferencias y abocarse a corregirlas con objeto de mejorar los niveles de conocimientos en todo la República. Mientras la segunda planteaba que era necesario aceptar que hubiese diferencias, ya que los entornos en los que vivían los estudiantes tanto de carácter físico como económico y cultural eran necesariamente diferentes y ello se reflejaba de manera natural en los niveles de conocimientos de los egresados de los diferentes niveles educativos. Sólo que esta posición terminaba necesariamente planteando que la educación estaba bien así, sin ninguna necesidad ni criterio para mejorarla.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) planteó a sus países miembros la conveniencia de realizar una evaluación de los conocimientos y habilidades que poseían los jóvenes de 15 años de edad en todas estas naciones, desde 1987, México, una de ellas, se vio comprometida a realizar la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, por sus siglas en inglés) en mayo de 2000, cuyo objetivo era medir los niveles de conocimiento a una muestra aleatoria de poco más de 70 mil jóvenes de todo el territorio nacional y poderlos comparar con los de las otras naciones. Cuando los resultados de esta prueba, aplicada a todos los países miembros, fueron dados a conocer, se supo que los estudiantes mexicanos habían quedado en uno de los últimos lugares, con puntajes para comprensión lectora de 420 puntos; en matemáticas, de 390, y en ciencias naturales, de 422, muy por abajo de los puntajes medios de los otros 35 países miembros, sacudiendo la conciencia de las autoridades educativas, de los maestros y de la sociedad en general sobre la situación real de la educación mexicana.
Gracias a una incipiente cultura existente en la Secretaría de Educación Publica, a partir de los esfuerzos creados desde los tiempos del secretario Bravo Ahuja, la SEP pudo desarrollar un conjunto de pruebas llamadas Enlace (Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares) que se comenzaron a aplicar a escala nacional a partir de 2002 a todos los niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria para conocer las causas del problema detectado por la OCDE.
* Director del Instituro Latinoamericano de la Comunicación Educativa
