La población zapoteca del distrito de Ocotlán, Oaxaca, acusa directamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de “racismo institucional”, pues de qué sirve, dice, hacer acuerdos con la dependencia “si no los va a cumplir”. Los mantos freáticos de su territorio están altamente contaminados por la Minera Cuzcatlán que, lejos de responder a las exigencias de las comunidades, continúa trabajando y ampliando su campo de acción.
El proyecto minero “San José”, en San José del Progreso, operado por la Empresa Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, se abrió en la región tras “un proceso violento de imposición” y lleva “11 años de saqueo y explotación del territorio de los Valles Centrales de Oaxaca”, afirma la comunidad en un comunicado. En este tiempo, acusan, además de alterar las dinámicas comunitarias y regionales de convivencia, la minera ha causado “graves afectaciones al medio ambiente, al amparo de grupos de poder e instancias del propio Estado mexicano”.
El caso más grave de contaminación fue el derrame de un millón 516 mil litros de desechos tóxicos de la prensa de jales secos al cauce del río Coyote, ocurrido el 8 de octubre de 2018, provocando epidemias de hepatitis y mayores casos de enfermedades de vías respiratorias.
La grave situación llevó a los zapotecas a exigir respuestas de la Semarnat, instancia que se comprometió a entregarles un informe sobre el derrame y realizar estudios de agua, suelo, aire y sedimentos, en coordinación con las comunidades potencialmente afectadas por la actividad minera, entre otros puntos, pero nada se ha cumplido.
La cancelación de las concesiones mineras adjudicadas a Minera Cuzcatlán es lo que procede, pues los pobladores quieren que la tierra deje de cimbrar bajo sus pies y que los peces dejen de aparecer muertos en los cuerpos de agua.
La mina pone en riesgo el medio ambiente y la existencia del pueblo zapoteco. Para ella no existe crisis económica ni sanitaria y, con la complicidad de los gobiernos en turno, pretende extenderse en la región. ¿Qué más tiene que pasar para que Semarnat responda a las comunidades?
