De acuerdo con una fuente militar estadunidense, el viernes pasado el Departamento de Defensa aprobó el uso de la base de la Guardia Nacional en Camp Roberts, California, para alojar temporalmente a niños migrantes no acompañados por un adulto. Ayer, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, encargado de la custodia de la mayor parte de estos menores) confirmó que se encuentra “bajo activa consideración” el empleo de las instalaciones castrenses como albergue de emergencia, pero sostuvo que no se ha tomado una decisión definitiva.
Las leyes migratorias estadunidenses permiten a las autoridades expulsar de manera expedita a los adultos que ingresan de forma irregular a su territorio, pero impiden dar el mismo tratamiento a los menores. Cuando son interceptados por la Patrulla Fronteriza u otro cuerpo policial, los niños y adolescentes son remitidos al HHS y, tras un largo proceso jurídico-administrativo, son puestos en manos de un custodio, que suele ser un familiar cercano.
En este contexto, miles de familias migrantes han adoptado la desesperada estrategia de enviar a sus hijos solos a través de la frontera, con la expectativa de que logren quedarse en Estados Unidos y encontrarse con algún pariente. En las semanas recientes, un promedio de 500 niños no acompañados cruzan la línea fronteriza cada día; en febrero fueron detectados 9 mil, la cifra más alta para un solo mes desde mayo de 2019.
Aunque desde su sexto día de gobierno, en enero pasado, el presidente Joe Biden anuló la inhumana e ilegal política de “tolerancia cero”, impuesta por Donald Trump, por la cual 600 menores siguen recluidos sin que nadie conozca el paradero de sus familias, hasta el martes 30 de marzo el HHS tenía a su cuidado a 12 mil 918 niños migrantes, y otros 5 mil 285 eran albergados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Ese día, dos periodistas ingresaron a la instalación de la CBP en Donna, Texas, y comprobaron que 4 mil 100 están alojados en un espacio con capacidad para 250 personas, donde duermen en corrales con colchones en el suelo. Entre 250 y 300 niños son ingresados al centro cada día y muy pocos salen, con lo que el hacinamiento empeora continuamente.
Lejos de habilitar campos militares en los cuales se perpetúe la reclusión de menores que buscan reunirse con sus familias, Estados Unidos debe acelerar los trámites para ponerlos en libertad, atendiendo a los estándares de respeto a los derechos humanos y protección a la infancia que exige a otros países, de manera no pocas veces arrogante y pasando por encima de las soberanías nacionales.
