Buenos Aires. Desde su aislamiento por haber contraído el Covid-19, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión virtual con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ante la elevada cifra de víctimas en la segunda ola de coronavirus, y se refirió al mayor escándalo de la justicia en la historia argentina, revelada por el portal El Destape, sobre constantes visitas de jueces y fiscales a la residencia presidencial de Olivos durante la gestión del derechista Mauricio Macri.
“Si bien no existe delito en que un juez hable con un presidente, el problema es que un magistrado vaya a rendir cuentas a un presidente o que éste le diga lo que tiene que hacer, lo que es gravísimo”, declaró Fernández.
Mencionó al juez Gustavo Hornos, quien iba a la casa de gobierno a anunciar qué medidas que tomaría, “que luego se transformaban en portadas de los diarios” afines al gobierno anterior. Recordó que durante su campaña electoral explicó que existía “un circuito cerrado” en la justicia penal, que empezaba con los fallos de los jueces Claudio Bonadío y Julián Ercolini, seguía con Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun y terminaba con Hornos y Juan Carlos Gemigniani.
Fernández señaló que “durante el macrismo el Poder Ejecutivo utilizó la justicia (…) y hubo muchos jueces que se prestaron a eso”, ante lo que se necesita “un nunca más” para que la justicia “no sea usada para perseguir opositores políticos”.
En una entrevista reciente con el periodista Horacio Verbistky, el presidente reveló un grave episodio del juez Julián Ercolini (de la llamada Mesa Judicial al servicio de Macri) y su participación en una causa falsa contra la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó por la compra de un edificio. “Fui ver a Ercolini, que había sido mi alumno, y le dije lo que me parecía, que no había delito. Él se agarró la cabeza y me dijo: ‘Sí, pero es lo que debo hacer… Tengo que procesarla’”.
Gils Carbó fue obligada a renunciar bajo amenazas, especialmente contra sus hijas, pese a ser reconocida a escala local e internacional como gran funcionaria. “Esto sucedió cuando Macri estuvo en el gobierno, y de allí proviene la gravedad del problema que hoy atraviesa la justicia. Yo no tengo ningún interés en sancionar jueces, pero necesitamos que el sistema funcione”, afirmó Fernández.
El Destape reveló que los jueces de casación Mariano Borinsky y Hornos fueron decenas de veces a Olivos a visitar a Macri sin ningún disimulo, y que dichas visitas coincidieron con las resoluciones que éstos tomaron contra la ex presidenta Cristina Fernández y otros dirigentes.
El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, y Leopoldo Moreau, diputado del Frente de Todos, que preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, destacaron que estas visitas y las acciones posteriores deben investigarse en este consejo y el Congreso de la Nación.
Lugones sostuvo que la cercanía de jueces con presidentes “no es común”, y que sería importante que no sean estos jueces quienes juzguen a Macri en las causas abiertas contra él.
