Una vez más, como le ha ocurrido en años recientes a diversos movimientos sociales, la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que partió del Monumento a la Revolución y culminó en el Zócalo capitalino, vio eclipsadas sus reivindicaciones legítimas por el violento accionar de grupos de choque compuestos por personas de ambos sexos que desde un inicio exhibieron su determinación de atacar el monumento mencionado y que posteriormente vandalizaron y saquearon comercios y estaciones del Metro y terminaron derribando algunos tramos de la valla de contención que las autoridades capitalinas habían instalado alrededor de Palacio Nacional, precisamente para prevenir ataques de esta clase.
La culminación de estas agresiones fue el lanzamiento de varias bombas incendiarias caseras en contra de efectivos policiales que resguardaban el inmueble. El saldo provisional reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fue de más de 80 personas heridas (62 policías y 19 civiles), todas ellas mujeres, 10 de las cuales requirieron atención hospitalaria. La autoridad capitalina precisó que sus efectivos no emplearon “gas lacrimógeno u otro tipo de sustancia irritante” en contra de las manifestantes y que, por el contrario, tal sustancia pudo provenir de los propios grupos violentos.
De esta manera fueron desplazadas de la atención pública las exigencias de las mujeres de hacer efectivo el derecho a una vida li-bre de violencia, de respeto a su libertad de decidir y de plena igualdad, la protesta por la persistencia de los feminicidios y el clamor por las agresiones sexistas y misóginas. Algunos grupos mixtos de decenas de provocadores se llevaron los reflectores de una movilización en la que participaron unas 20 mil personas, según cálculo de las autoridades, y lograron atizar la polarización política que ya venía manifestándose en los días previos a la conmemoración. La insistente desinformación llegó al punto de difundir que el gobierno había emplazado “francotiradores” en el tejado de Palacio Nacional, los cuales resultaron ser efectivos militares provistos de dispositivos para desactivar drones.
Ciertamente, la lucha de las mujeres en contra de estructuras sociales y políticas patriarcales, opresoras y agresoras, así como su exigencia de poder vivir con seguridad física y emocional son causas que merecen el respaldo de toda la sociedad y que deben ser escuchadas y atendidas por las autoridades de todos los niveles y por los estamentos de los poderes económicos. Las agresiones en contra de los efectivos policiales y el vandalismo, en cambio, son merecedores del repudio social y, por ello, lejos de contribuir a visibilizar los reclamos femeninos, los deslegitiman y los alejan de la mayor parte de la ciudadanía.
No puede soslayarse el que diversas voces políticas y mediáticas que tradicionalmente reclamaban la adopción de soluciones autoritarias y represivas ante los movimientos sociales, en esta ocasión justificaron y hasta alentaron el empleo de todos los métodos de lucha, independientemente de su legalidad y de su validez ética.
En tales circunstancias, parece pertinente que las organizaciones de mujeres se deslinden de las formas violentas y delictivas que afloraron en la marcha de ayer y que tuvieron como víctimas a personas de su mismo sexo, fueran policías, informadoras o manifestantes. Es claro que no es con la violencia como puede lograrse una vida libre de ella.
