La propuesta de reformar el artículo 19 de la Constitución mexicana para incluir la extorsión y los delitos ambientales en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa debe analizarse con precaución, ya que no garantiza que las mencionadas faltas dejen de cometerse, y sí, en cambio, puede propiciar abusos en contra de los imputados, señalaron los participantes en un foro organizado ayer por la Cámara de Diputados.
Durante un ejercicio de “parlamento abierto” para analizar dicha propuesta, convocado por la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Martha Tagle (Movimiento Ciudadano) advirtió que incluir los dos delitos referidos “no es la mejor vía” para perseguirlos, pues “se cometen muchas injusticias, se violentan los derechos humanos y no termina siendo una herramienta legal” para los fines que se buscan.
Rubén Cayetano, de Morena, manifestó su preocupación por que en estados como Guerrero, los jóvenes son uno de los principales sectores que se dedican a la extorsión, pero en muchos casos lo hacen porque “no tienen otra perspectiva de vida más que delinquir”, sin posibilidades de que en la cárcel tengan ningún proceso de readaptación social.
Adrián Franco, especialista en derecho penal, alertó que la prisión preventiva oficiosa implica un “castigo por adelantado” a quienes han sido acusados de una falta, sin que todavía se haya probado si los cargos son ciertos o no, al tiempo que señaló que incluir en ese catálogo a la extorsión y los crímenes ambientales “no va a reducir los índices delictivos de éstos” e incluso podría incrementarlos.
Jorge Alberto Lara, especialista en derecho penal, coincidió en que la prisión preventiva oficiosa puede “distorsionar” un proceso judicial cuando no es estrictamente necesaria, por lo que propuso, en su lugar, fortalecer instrumentos como los jueces de control para que puedan discernir en qué casos sí hace falta esta medida cautelar.
