La madrugada del domingo cinco personas, entre ellas una joven embarazada, fueron asesinadas, y otra resultó herida en lo que la policía local calificó el “mayor tiroteo en masa con víctimas en más de una década” en la ciudad de Indianápolis, capital del estado de Indiana.
La embarazada, cuyo feto tampoco sobrevivió, tenía apenas 19 años, y entre los muertos hay una niña de 13 y un adolescente de 18, así como dos adultos de 42 años. Ayer se anunció que un menor de edad fue detenido como sospechoso del crimen que, según un portavoz de la policía, “no parece haber sido un acto aleatorio”.
Se trata del primer tiroteo masivo que tiene lugar en Estados Unidos durante el recién iniciado gobierno de Joe Biden, pero por desgracia parece imposible que sea el último: los dos años más recientes de Donald Trump en la Casa Blanca supusieron macabras marcas en estos episodios de violencia, que ascendieron a 417 en 2019 y llegaron a 612 en 2020, un aumento de casi 50 por ciento en apenas un año.
Lo anterior significa que cada día se producen 1.67 incidentes en que al menos cuatro personas pierden la vida a causa de las armas de fuego. Para contrarrestar esta tendencia, la nueva administración demócrata tiene ante sí la posibilidad de convertir la masacre de Indianápolis en un punto de inflexión para poner fin a uno de los principales factores que alimentan la epidemia de violencia armada en Estados Unidos: el momento político puede ser una oportunidad para establecer estrictas regulaciones a la venta y posesión de armas gracias al momento de debilidad política que atraviesan las organizaciones armamentistas, debido a su papel en el intento de descarrilamiento de la democracia que se vivió en las postrimerías de la presidencia de Trump.
Está claro que los grupos de presión –los denominados cabilderos– no dejarán de usar su enorme poder económico para mantener el estado actual de las cosas, pero sus posiciones resultan incluso más impresentables a la vista de los estrechos vínculos entre las asociaciones que promueven el armamentismo extremo de civiles con aquellos que instrumentaron y ejecutaron el asalto al Capitolio durante la ceremonia de proclamación de Biden como presidente electo, el 6 de enero.
Con todo, es evidente que imponer controles reales y no meramente simbólicos a las armas no bastará para detener este fenómeno que hace de Estados Unidos la más violenta de las naciones ricas.
Otro factor de primera importancia que contribuye a explicar esta sucesión de tiroteos es el extendido culto a la violencia como mecanismo de resolución de conflictos y defensa de intereses pretendidamente legítimos: no se puede soslayar la perniciosa influencia sobre la sociedad de un Estado que perpetra guerras, cambios violentos de régimen, invasiones, asesinatos selectivos, torturas y todo género de agresiones cerca o lejos de sus fronteras.
Durante el año pasado, 19 mil 264 personas murieron y 30 mil 141 resultaron heridas por la acción de armas de fuego, pero la normalización de la violencia ha hecho que los ciudadanos estadunidenses sólo fijen su atención en esta lacra cuando se producen tragedias como la de Indiana.
Aunque ésta se ubica muy lejos de los episodios más letales que se han registrado en la potencia en los años recientes, que se produzca en el arranque de un gobierno que ha prometido restablecer los valores humanitarios abre la esperanza de que no sea una simple adición a la estadística, sino el inicio de un despertar social.
