“Sin transparencia, lo que tenemos es opacidad”, señalaron especialistas, quienes destacaron la importancia de los organismos constitucionales autónomos, a los que consideraron resultado de un largo proceso de consolidación democrática y maduración institucional que ha reconfigurado la vida pública de México.
Durante el foro virtual Instituciones autónomas de México, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se aseguró que ninguna de estas instancias es fruto del azar, sino que han tenido su origen en un problema profundo que llevó a adoptar medidas para fortalecer la democracia del Estado, entre las que destacan la creación de autoridades independientes, autónomas y especializadas.
El foro se da días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una iniciativa para reformar estos organismos ante los altos costos que representan, y que sus funciones sean absorbidas por dependencias federales.
El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, planteó que los órganos autónomos no son una figura exclusiva de México y ayudan a consolidar una especialización en el actuar de la vida pública.
Se trata, agregó, de instancias que hunden sus raíces en las agencias autónomas del constitucionalismo estadunidense, que comenzaron a surgir por la especialización del trabajo público.
La académica Leticia Bonifaz, quien en breve se sumará como una de las expertas independientes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, planteó que las dos garantías que tutela en INAI (acceso a la información y protección de datos personales) ayudan a consolidar el resto de los derechos humanos en el país. El presidente del Inegi, Julio Santaella, refirió que los organismos autónomos permiten separar decisiones técnicas de intereses políticos,, actuar con especialización y fungir como contrapesos de los poderes. José Roldán Xopa, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consideró importante que las instituciones encargadas de controlar el acceso a la información sean autónomas para establecer contrapeso a la organización pública y a las inclinaciones humanas de no ser controlados.
