La propuesta del presidente López Obrador de desaparecer algunos organismos autónomos, con la cual coincido, me recuerda dos refranes populares: “Divide y vencerás” y “Ni tanto que queme al santo ni tanto que no le alumbre”. La propuesta es congruente con el espíritu y con la letra de la Constitución, que en sus artículos 40 y 49 determina que los tres poderes mediante los cuales el pueblo ejerce su soberanía son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; ni uno más ni uno menos. Esta división tradicional tiene en la doctrina política una larga historia y se deriva de la convicción de que el poder absoluto es un riesgo para los gobernados, aturde al que lo ejerce y puede convertirlo en un dictador.
Montesquieu, en El espíritu de las leyes, propone un gobierno equilibrado y eficaz, en el cual un poder dicta las leyes, otro las hace cumplir y el tercero define y resuelve las controversias que se presenten; desde la Revolución Francesa se acepta esta división, que equilibra y pone límites a los abusos y evita la tiranía. Democracia y división de poderes han sido los ejes del gobierno moderno y las constituciones de hoy han adoptado la fórmula.
Cierto, de un tiempo a esta parte se reconocen órganos autónomos mediante los cuales la ley organiza algunos servicios o funciones del Estado, pero no se considera que esa novedad modifique la decisión política de los tres poderes que se equilibran entre sí y se limitan mutuamente; con eso basta. La Constitución de 1917 reconoce en su artículo 115 que los estados adoptan “como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre”, pero la autonomía de los municipios y las facultades de sus órganos de gobierno, alcaldías o ayuntamientos, no los convierte en estados o poderes soberanos, son formas prácticas de colaboración y apoyo en funciones y servicios públicos acotados por el mismo artículo antes citado.
Entre 1929 y 1932, la Universidad Nacional de México logró su autonomía, pero siempre ha estado claro que se trata de la autonomía académica y administrativa, sin que esto signifique que hay un Estado dentro de otro Estado.
En las últimas décadas del neoliberalismo, se multiplicaron organismos autónomos creados por leyes especiales; se gobiernan a sí mismos; pero están regidos por disposiciones legislativas que pueden ser derogadas por el Poder Legislativo que las creó; se les reconoce independencia de gestión, pero están sujetos a las disposiciones del Poder Legislativo y a las resoluciones del Poder Judicial.
Son desprendimientos de funciones asignadas tradicionalmente al Poder Ejecutivo y por tanto constituyen la disminución de facultades que en principio corresponderían a la Presidencia de la República; se trata, en la práctica, de una pulverización del poder del jefe de Estado, el que tiene la representación de México al exterior y el mando de la administración.
En otras épocas las finanzas y la economía del Estado eran responsabilidad completa del Poder Ejecutivo a través de sus secretarías de Hacienda, Programación y Economía; también del Ejecutivo dependía la Procuraduría General de Justicia, a cargo de la persecución de los delitos y era responsabilidad suya la información estadística y el control de la misma.
Ahora el Banco de México tiene a su cargo importantes funciones de política monetaria y decisiones sobre el valor del peso frente a las monedas extranjeras; la Fiscalía General de la República tiene a su cargo la persecución de los delitos y el monopolio de la acción penal, con total independencia del Ejecutivo; el INAI maneja el acceso a la información, el Inegi los datos estadísticos y otros órganos autónomos se han ido encargando paulatinamente de áreas claves del gobierno.
En México, como en otros países de Latinoamérica, el proceso va en la dirección equivocada de disminuir el poder real de los titulares del Ejecutivo y crear muchos pequeños poderes que pueden fácilmente ser influidos desde el exterior o por los poderes fácticos del interior.
En el caso del Legislativo hay un ejemplo de renuncia inexplicable a una de sus facultades esenciales, se trata de la función fiscalizadora de las cuentas del Ejecutivo; sucedió esto cuando la Cámara de Diputados se amputó un brazo al otorgar autonomía a la Auditoría Superior de la Federación, antes un órgano de la misma Cámara para la vigilancia del gasto público.
¿A quiénes beneficia la pulverización de los poderes? Evidentemente, a posibles rivales internos o competidores externos del Estado mexicano; gobiernos débiles pueden ser más fácilmente sometidos al servicio de intereses de grupos de presión o de estados extranjeros que conservan sus sueños imperiales. Que no nos debiliten; “ni tanto que queme al santo ni tanto que no le alumbre”. Es fundamental dotar de fuerza a nuestros tres poderes, devolverles las funciones que sin razones sólidas y sí quizás con otras ocultas, se les han arrebatado.
