En este año aumentarán los flujos migratorios irregulares desde Centroamérica, por lo que los gobiernos deberán responder de forma coordinada y con respeto a los derechos de las personas en condición de movilidad en el contexto del Covid-19, destacaron especialistas.

Lorena Guzmán, coordinadora de migración de la delegación para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), descartó que la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos –que ha prometido políticas menos restrictivas en la materia que Donald Trump– se convierta en la razón que propicie un mayor tránsito de personas sin documentos en el área.

Para la especialista, las causas principales de las presentes movilizaciones son: agudización de problemas económicos por la pandemia, la creciente inseguridad y violencia en las naciones del Triángulo Norte, las pérdidas patrimoniales y materiales tras los huracanes e inundaciones de noviembre en Centroamérica y el sur de México que dejaron unos 7 millones de damnificados, así como los procesos de reunificación familiar.

Este incremento generará mayores retos para las naciones de origen, tránsito y destino, por lo que lejos de cerrar las fronteras y militarizar su respuesta, los Estados deben, con el apoyo de organismos nacionales e internacionales, buscar soluciones integrales bajo el principio de responsabilidad compartida en la que se promueva el mayor respeto a los derechos de los migrantes.

“Debe haber una visión más integral y de protección, hay que asumir una responsabilidad compartida de Estados, instituciones internacionales y la sociedad en general para hacer que el tránsito o estancia de estas personas en situación de vulnerabilidad sea seguro y digno”, agregó Guzmán.

Varios analistas han previsto que debido a que el discurso de Biden sobre el tema es menos agresivo que el de Trump, más personas podrían buscar la manera de movilizarse hacia el norte.

Al respecto, activistas de la comunidad latina en Estados Unidos señalaron que si bien Trump aplicó duras medidas para evitar la migración, como el programa Quédate en México o la detención de niños en jaulas de centros de detención, el discurso del demócrata tampoco garantiza una mejora para el sector.

Recordaron que durante los ocho años del gobierno de Barak Obama fueron deportados casi 3 millones de migrantes irregulares, históricamente la cifra más alta.

Blanca Aguilar Villalba, coordinadora de salud del CICR para México y América Central, enfatizó la necesidad que los Estados garanticen la integridad y protección a la salud de los migrantes por el Covid-19.

“Las personas en movimiento aumentan su riesgo a la exposición a la enfermedad porque no disponen o tienen límites de recursos de prevención, como acceso a equipo de protección personal (caretas o cubrebocas), a servicios básicos (gel, agua, jabón, higiene y alimentación), así como albergues para aplicar el distanciamiento social, entre otros.”

Señaló que en caso de infectarse los migrantes enfrentan mayores riesgos a que su salud se agrave, pues carecen o tienen limitado el acceso médico, la atención y el seguimiento oportuno. Por eso se deben aplicar medidas de salud públicas dirigidas a esa población y a refugiados ante la emergencia por el coronavirus, en especial en las entidades con mayor flujo migratorio donde tienen un semáforo de riesgo epidemiológico alto; igualmente, los gobiernos tienen la obligación de operar un acceso universal y equitativo de las vacunas para ellos.