La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue avalada por Morena, PRI y PRD en el Senado. Sólo el PAN consideró que “es una exoneración política, más que jurídica”.
El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que “no había lugar a dudas sobre la honestidad y honorabilidad del general Salvador Cienfuegos”, ya que su trabajo al frente de las fuerzas armadas siempre fue institucional, apegado a la ley y por la paz y seguridad del país”.
En tanto, la dirigencia del PRI dijo que a este partido no le tembló la mano para defender la honorabilidad del general y de las fuerzas armadas. Desde la detención, este partido pidió a la Secretaría de Hacienda intervenir para garantizar la protección y el respaldo institucional al ex secretario. “El general es un mexicano ejemplar y comprometido con nuestra patria”, dijo.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, recordó que siempre sostuvo que “en el caso del general Cienfuegos no se debía prejuzgar ni condenar a priori”. Agregó que el debido proceso y la presunción de inocencia son principios que se tienen que respetar y ser observados de manera escrupulosa.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, resaltó que la exoneración de la FGR al general Cienfuegos resultó un revés para el gobierno de los Estados Unidos, para una forma de acusar “basada mucho en el dicho de testigos que muchas veces son, más que testigos protegidos, testigos desconocidos”.
A su vez, organizaciones civiles y académicos señalaron que la resolución de la fiscalía fue un acto “apresurado y poco transparente” que demuestra el carácter “intocable” de las fuerzas armadas en México, y puede tener graves consecuencias en la relación bilateral con Estados Unidos.
Graciela Rodríguez Manzo, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que la no acción penal deja ver la existencia de un “pacto de impunidad” entre los militares y las autoridades civiles, pero también la ineficiencia y falta de voluntad de éstas para investigar a los elementos castrenses.
Según investigaciones de la comisión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional habrían cometido al menos 149 casos de asesinato, tortura y desaparición forzada durante el mandato de Cienfuegos, y aunque entre 2015 y 2019 se presentaron 4 mil 655 denuncias contra el organismo, sólo 0.5 por ciento de ellas se judicializaron, lo que comprueba la impunidad que se le garantiza al instituto armado.
Por su lado, Jorge Márquez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió en que la exoneración fue una acción“apresurada y nada transparente” que va a profundizar el enorme poder que ya detentaba el Ejército en el país y la dependencia que tienen las autoridades civiles con respecto a él.
