Ciudad de México. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, informó que entre 2005 y 2020 se han registrado mil 619 expedientes de queja relacionados con tortura, que involucran a 2 mil 659 personas y 18 colectivos como víctimas, siendo principalmente hombres los afectados.

En la firma de un convenio con el Claustro de Sor Juana para realizar el seminario sobre protocolos de Estambul, que determina se haya cometido, señaló que en los últimos cuatro años se evalúo 600 casos de personas que alegaron ser víctimas de esta atroz práctica.

Dicha práctica ha derivado en la emisión de 74 Recomendaciones de 1994 a 2020, de las cuales 19, han sido en esta administración, es decir el 25 por ciento, organizadas en función de los patrones recurrentes y diferenciados en razón del género y edad.

Así como su finalidad, para el diseño de estrategias que la erradiquen, pues se han documentado patrones sistemáticos de violación al derecho a la integridad por actos de intimidación, castigo, maltrato o como medida de investigación para obtener declaraciones.

Por ejemplo, dijo, se ha visibilizado la tortura en centros varoniles de reinserción social; la tortura sexual como un patrón utilizado en mujeres; el uso de la tortura sicológica y como finalidad para inhibir el activismo político, entre otras.

Comentó que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, es recurrente la participación de grupos de al menos tres servidores públicos, pero “no encontramos evidencia suficiente para establecer que sus mandos superiores corrijan o prevengan tales prácticas”.

El 76.2 por ciento de los expedientes, involucra a dos mil 26 hombres agraviados y las edades que se presentan con más frecuencia son entre los 30 y 44 años, siendo la falta de investigación rigurosa una de las razones para que persista la tortura.

Otras son la omisión de las autoridades de aplicar el Protocolo cuando existen indicios de tortura o tratos crueles, y se ha observado que su uso está considerada por algunos servidores públicos como una acción aceptable.

La necesidad por ello de incrementar el número de personas especializadas en la materia para que el Estado cumpla con su obligación de investigar los hechos, sancionar a las autoridades responsables y reparar a las víctimas.

Además de conformar equipos multidisciplinarios especializados para lograr que la documentación de hechos de tortura se reconozca como prueba válida ante los tribunales; y capacitar a las autoridades judiciales y encargadas de hacer cumplir la ley.