La Paz, BCS. El gobernador panista Carlos Mendoza Davis vetó la ley de ingresos y el presupuesto de egresos 2021 aprobado por el congreso local, con mayoría de diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con el argumento de que son contrarios a los intereses de los sudcalifornianos.

“El veto responde a una convicción: las decisiones de política pública deben responder a una necesidad social, nunca a un interés electoral”, aseveró.

Explicó que lo aprobado por el congreso estatal impide continuar con la atención de la salud para las familias, borra la posibilidad de apoyar a la economía familiar y pone en riesgo la seguridad pública que tanto ha costado recuperar; y anunció que también vetará las reformas aprobadas a la ley de coordinación fiscal.

Señaló que el poder legislativo pasó por alto el derecho de la población a recibir servicios de calidad por parte del gobierno estatal, “sin cumplir con lo que la ley dispone, sin ningún tipo de estudio y análisis en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación”.

Advirtió que es un claro acto de intromisión en la esfera de competencia del ejecutivo, y con absoluta irresponsabilidad, abandona a la gente y sus necesidades al reducir en 60 por ciento el capítulo 3000 del presupuesto relativo a los servicios generales de las dependencias del poder ejecutivo.

Manifestó que dicha “reducción irracional” impacta conceptos indispensables para la atención de la población mediante el funcionamiento adecuado de las dependencias de la administración estatal.

Puso como ejemplo el pago del seguro catastrófico que ante la cancelación del FONDEN se convierte en la única previsión que se tiene ante la llegada de algún fenómeno meteorológico que impacte y cause daños.

“Se afecta de igual manera el pago de servicio de energía eléctrica, de agua potable, servicio telefónico e internet, arrendamientos, capacitaciones, gastos de transporte de atletas de alto rendimiento y entrenadores”, agregó.

Señaló que además se pretende asignar un dos por ciento adicional a las participaciones que se dieron a los municipios en el presupuesto de 2020, sin considerar que Baja California Sur es la entidad que mayor porcentaje de participaciones federales entrega a sus municipios a nivel nacional.

Puntualizó que la pretensión de los diputados implica disminuir a la administración pública estatal 400 millones de pesos que limitarían, entre otros, la prestación de servicios en materia de salud, mantenimiento de la seguridad pública y el sostenimiento de la educación.

Carlos Mendoza dijo que el legislativo ha olvidado que debe responder a los reclamos sociales y no a los mandatos partidistas, además de que llama la atención que la reducción presupuestal no alcance de manera alguna al presupuesto del propio Congreso local.

Puntualizó que el gobierno del estado tiene la razón legal y la tranquilidad moral para frenar el abuso, impedir el fanatismo y defender el interés público que siempre prevalecerá sobre el interés electoral.

Aseveró que la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y la ley de coordinación fiscal aprobados por el Congreso responden, tristemente, a una lógica facciosa y mezquina.

“El Gobierno del Estado requiere de recursos suficientes para brindar los servicios que por ley está obligado a prestar a la gente. No permitiremos que esta arbitraria decisión del legislativo afecte la vida y la salud de las y los sudcalifornianos, con lo cual se podría generar una crisis humanitaria”, indicó.

El mandatario explicó que este veto, sin antecedente en Baja California Sur, implica que las leyes aprobadas para el 2020, continuarán vigentes.

“Nuestra Constitución estatal, en su artículo 64, fracción XXXI, párrafos segundo y tercero señala que cuando por cualquier circunstancia no llegare a aprobarse la ley de ingresos y/o presupuesto de egresos del estado, se aplicarán los que se hayan aprobado y publicado con la fecha más reciente en el Boletín del Gobierno del Estado de Baja California Sur”, concluyó.