El caso de la desaparición de Juan Flores Solorio, el primero donde una jueza ordenó que se abrieran los cuarteles militares para la búsqueda de una víctima de este delito, será resuelto en definitiva el miércoles próximo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de cuatro años de apelaciones y recursos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Flores Solorio fue detenido el 25 de noviembre de 2015 por elementos de la Sedena que ingresaron sin una orden judicial a su domicilio, en Pénjamo, Guanajuato.

Fue llevado ante la autoridad municipal, donde lo acusaron de haberlos insultado, por lo que se le impuso un arresto administrativo de seis horas, tras lo cual fue liberado, y desde entonces no se supo más de él.

Su esposa, Celia Mora, presentó la denuncia correspondiente y, al no obtener ningún resultado, interpuso un amparo contra la falta de acción de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Sedena.

En septiembre de 2016, la jueza federal Karla Macías Lovera otorgó un amparo a la familia de Flores Solorio, donde ordenó reclasificar el caso como desaparición forzada y que se abrieran las puertas del octavo regimiento militar blindado de reconocimiento en Irapuato, al que pertenecían los soldados implicados en los hechos, con el fin de buscar a la víctima.

Sin embargo, semanas después, la PGR y la Sedena anunciaron que no acatarían la sentencia hasta que fuera “definitiva e inatacable”, y procedieron a presentar una apelación.

Fue así como el caso llegó hasta la SCJN, donde el miércoles próximo se resolverá un proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el cual se propone ratificar el fallo de la jueza Macías Lovera.

En estos cuatro años, Érika, nuera de la víctima, fue asesinada en el mismo vecindario, luego de lo cual Celia Mora abandonó su domicilio, según reportaron las organizaciones de familiares de desaparecidos que han seguido el caso.