La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados prevé prohibir totalmente la venta de cigarros electrónicos o vapeadores, aparatos que pese a publicitarse como una opción menos dañina e incluso inocua para los consumidores de tabaco, “contienen una mezcla compleja de sustancias químicas, incluídos metales pesados con un gran potencial para dañar la salud, razón por la que es necesaria su proscripción.

El proyecto de dictamen a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya fue compartido con los integrantes de la comisión, alerta que pese a las leyes ya existentes para regular su comercialización, su “venta ilegal y el contrabando continúan en expansión”.

En el texto de 829 páginas, que se votará en la comisión el próximo martes, se entatiza el riesgo que implican los cigarrillos electrónicos para la salud, en particular para los consumidores más jóvenes, quienes “han sido objeto de agresivas y engañosas estrategias comerciales por parte de la industria de los vapeadores para fomentar la adicción desde edades tempranas”.

El documento respalda la propuesta de Sheinbaum sobre el “desafío regulatorio” de los vapeadores, pues su comercialización y publicidad se ha expandido rápidamente apelando a la falsa idea de que son “alternativas seguras” o “menos dañinas” que los cigarrillos tradicionales, lo que ha generado confusión entre los adolescentes”.

El proyecto establece que al proscribir totalmente “la fabricación, importación, exportación, venta y uso de vapeadores y otros dispositivos electrónicos de suministro de nicotina o sustancias inhalables, se busca enfrentar un riesgo sanitario en el país. De acuerdo con investigaciones de expertos incluidas en el proyecto, “si bien dichos productos pueden liberar menores niveles de alquitrán, los aerosoles generados contienen una mezcla compleja de sustancias químicas, entre ellas metales pesados como níquel, plomo y cadmio, y compuestos orgánicos volátiles que pueden generar inflamación crónica, aumento del estrés oxidativo y disfunción pulmonar”.

La iniciativa plantea confirmar la solicitud de la Presidenta para definir sanciones de entre uno y ocho años de cárcel, y una multa equivalente de 100 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (es decir, entre 11 mil 314 y 226 mil 280 pesos) para quienes violen las disposiciones. En el texto también se regulan otros temas sanitarios, como las facultades de la Secretaría de Salud para realizar contrataciones consolidadas de equipo médico de alta tecnología y medicamentos, incluida la prohibición del tráfico de precursores químicos para fabricar fentanilo.