Casi una quinta parte de los 2 mil 478 municipios en México no cuentan con drenaje ni alcantarillado, y tan sólo una pequeña parte de ellos cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales, por lo que para hacer efectivo el derecho humano al líquido es indispensable fortalecer y dar recursos adicionales a dicho nivel de gobierno.

Así lo afirmaron los participantes en el cuarto y último día de foros de análisis sobre la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear una ley general de aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, que terminaron ayer en la Cámara de Diputados.

En el conversatorio, Ana Lluvia García Vilchis, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, destacó que en el país sólo 52 por ciento de las aguas residuales municipales reciben tratamiento. De igual forma, 515 municipios no cuentan con alcantarillado ni drenaje, y apenas 787 tienen plantas de tratamiento.

Además hay casi 9 millones de personas que no tienen acceso al agua, lamentó la experta.

Para lograr una cobertura universal en materia de recursos hídricos, el país tendría que garantizarle a 36 millones de personas más en 2030 el acceso al líquido, y a 40.5 millones el derecho a tener alcantarillado.

Para alcanzar dichas metas, es vital que se destinen más recursos presupuestales y multisectoriales a los municipios, afirmó García Vilchis.

Por su parte, Jessica Jiménez Montoya, especialista en temas de manejo hídrico, alertó que 80 por ciento de los ríos en México están contaminados, y al mismo tiempo es de los cuerpos de agua superficiales de donde se extrae 60 por ciento del líquido para consumo humano, por lo que propuso incluir en las leyes el reconocimiento de los ríos como sujetos de derecho.

Lo anterior, aseguró, ayudaría a la comprensión de que el bienestar de las fuentes de agua es una condición fundamental para hacer realidad el derecho humano al recurso, y no solamente la declaración de nuevas normas.

El abogado Juan Manuel Ramírez Velasco, coordinador de asesores de MC, alertó que en el país hay 536 mil concesiones de agua en manos de 380 mil titulares, pero sólo existen 240 inspectores, por lo que cada uno debe vigilar más de 2 mil 400 permisos, lo cual es imposible.

Lo anterior, lamentó, lleva a que sólo se revise el 10 por ciento de los títulos en México.

“Hay concesiones, pero no medición, y sin mediciones, no se puede garantizar el acceso al mínimo vital requerido de 50 litros diarios de agua por persona”.