Especialistas en migración, integrantes del sector público y de organismos multilaterales y de derechos humanos, hicieron un llamado a los juzgadores a colocar “límites claros” en las detenciones o expulsiones de personas en movilidad.

“El asilo es un derecho humano y no una condición discrecional. Es difícil imaginar a alguien que deje su hogar por gusto; esta realidad nos sacude y nos debe comprometer aun más en evitar la criminalización de la movilidad humana”, declaró Daniel Fajardo, en representación del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar.

Durante la entrega del premio Sentencias 2025 “Acceso a la justicia de personas migrantes o sujetas de protección internacional”, Fajardo señaló que en las sentencias se debe tomar en cuenta que detrás de cada expediente hay historias de vida.

Por ejemplo, dijo, hay familias que sólo buscaban reunirse y se les había sido negado ese derecho; personas desplazadas forzosamente de sus comunidades de origen por motivos de violencia, ambientales, económicos; personas privadas de su libertad y retenidas ilegalmente, sin darles la oportunidad de gestionar su condición de refugiados.

En nuestro continente –añadió– donde miles de niñas, niños y adolescentes cruzan fronteras, acompañados, no acompañados, o separados de sus familias, resulta fundamental que los tribunales continúen colocando la perspectiva de la infancia en el núcleo de su análisis judicial y de las decisiones que se tomen, porque los derechos de los menores son primero.

“Hoy se van a reconocer sentencias que han establecido límites claros a la detención migratoria, que han exigido debida motivación, garantías procesales y supervisión judicial efectiva, sentencias que obligan a considerar a la persona migrante como sujeto de derechos y no como un expediente administrativo”, declaró.

En este acto inaugural participaron, entre otros, Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados; María Campbell, representante adjunta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y Jeremy Mac Gillivary, representante adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones en México.

Los panelistas señalaron, en diferentes enfoques, la importancia de mantener una coordinación para reducir el sufrimiento humano, dar una respuesta sensible a los desplazados y de manera especial visibilizar las buenas prácticas judiciales frente a los migrantes, solicitantes de asilo y personas refugiadas.