Contra lo afirmado por la oposición, la nueva ley contra la extorsión, próxima a votarse en la Cámara de Diputados, contará con el presupuesto necesario para operar, aclaró Enrique Inzunza, presidente de una de las comisiones dictaminadoras de esa reforma en el Senado

Expuso que ni siquiera se requiere de recursos económicos cuantiosos, porque lo medular en la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión es un nuevo esquema de la homologación de un tipo penal en todos los estados de la república y el incremento de sanciones tanto para quienes cometen ese ilícito, como para los funcionarios que lo encubren.

Ademas del tipo penal hasta de 25 años para quien extorsione –con agravantes lo llevan a 42–, se tipifica también como delito la posesión por parte de un reo, ya sea sentenciado o en proceso, de un teléfono celular, o algún otro aparato electrónico por el que se puedan transmitir voz, imágenes o datos.

“Este es un punto muy importante, que no se ha destacado de manera clara, pero la sola posesión de un celular u otro artefacto eléctrico en los penales, será delito. No importa si se usa o no para extorsionar, es un ilícito y amerita prisión de entre 6 y 12 años.

Esa pena, agregó, se aplica también para el personal de reclusorios que permita la entrada de este tipo de aparatos. Hizo notar que la medida busca cerrar todos los espacios a la extorsión desde los penales, que se han convertido en centros de operación del ilícito, “que tanto lesiona a las familias”.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos en el Senado destacó que uno de los cambios hechos a la minuta que les llegó de San Lázaro fue aumentar de 10 a 20 años la sanción a los ministerios públicos, policías y personal de los reclusorios que tengan conocimiento de una extorsión y no lo denuncien.

“Para nadie es un descubrimiento que los penales se han convertido en centros operativos de la extorsión, de ahí esas medidas que incluyen la obligación de establecer en todos los centros de reclusión los procedimientos y tecnologías necesarias para inhibir la entrada y salida de señal de telefonía celular, radiocomunicación, de transmisión de voz, datos e imágenes, dentro de su perímetro”.

Abogado, jurista y magistrado en retiro, Inzunza comentó que tal como lo afirmó ya el coordinador Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, van a aceptar las más de 20 modificaciones a la minuta y lo mas seguro es que la próxima semana se apruebe y se envíe al Ejecutivo para su promulgación.

¿ Pero la oposición insiste en que no habrá presupuesto para que opere?

Es un malentendido, al noveno transitorio de la ley, en que establece que no se autorizarán recursos adicionales “para este ejercicio fiscal”. Es decir, se refiere al que concluye en diciembre, pero habrá presupuesto para el 2026, respondió.

“Se trata de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que crea un nuevo marco jurídico para prevenir y atacar ese ilícito y, evidentemente, tendrá un respaldo presupuestal para las instancias involucradas, por ejemplo en la creación de fiscalías especializadas en los estados que aún no existan”.