Colima, Col., El gobierno de Colima, a cargo de la morenista Indira Vizcaíno, embargó una propiedad del ex gobernador priísta Mario Anguiano Moreno (2009-2015) como cobro parcial por una sanción impuesta de 515 millones de pesos emitida por el Congreso local en 2016, por haber solicitado un préstamo fuera de tiempo en el último año de su administración.

La multa de legislativo fue por un crédito solicitado por su gobierno, en agosto de 2015, por 612 millones de pesos a largo plazo, lo cual, según las leyes del estado, es ilegal y debe restituir el recurso al erario.

La acción de embargo (que se conoce como “crédito fiscal” o “embargo precautorio”) es el mecanismo que la autoridad colimense ha utilizado para asegurar el pago de dicha sanción millonaria.

El ex gobernador confirmó la requisa y precisó que la propiedad está ubicada en la comunidad de Tinajas, municipio de Colima, cuyo valor catastral asciende a más de 5 millones de pesos.

En agosto de 2015, el ex mandatario solicitó un crédito a la banca comercial, autorizado por la legislatura local, para endeudarse por 612 millones de pesos que finalmente ejerció el gobernador interino Ramón Pérez Díaz, en diciembre de ese año.

En 2016, el Congreso de Colima sancionó a Anguiano Moreno con una multa de 515 millones de pesos y lo inhabilitó, por la solicitud del crédito pues por ley la administración estatal no puede solicitar ningún empréstito a largo plazo en el último año de su gestión.

Luego en 2017 los diputados locales encontraron a Mario Moreno responsable de un desfalco al erario por 2 mil 119 millones de pesos, tras una auditoría excepcional a los ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015 por lo que lo multaron con 38 millones 570 mil pesos –equivalente a 1.8 por ciento del quebranto al estado–.

Además aprobaron aplicarle dos inhabilitaciones para ocupar puestos públicos, una por 14 años y otra por nueve; otros 32 ex funcionarios de esa administración también se hicieron acreedores a multas y amonestaciones públicas en ese expediente.

El gobierno estatal confirmó que el embargo se ejecutó y la propiedad de Tinajas fue adjudicada a la actual administración para descontar poco más de 5 millones de pesos de los más de 515 millones que aún debe el ex mandatario, quien se amparó varias veces para evitar el pago.

La administración estatal destacó que el proceso se llevó a cabo conforme a derecho para proceder contra quienes hacen mal uso del erario.