Un juez de control con sede en el Reclusorio Norte determinó la vinculación a proceso por lesiones y robo en contra de otros cinco sujetos que fueron detenidos el pasado 15 de noviembre durante la marcha de la generación Z; con esto, suman 18 personas vinculadas a proceso, de las cuales sólo dos continuarán en prisión preventiva justificada.

Este viernes se efectuó una audiencia de revisión de medidas cautelares en la que un togado determinó reclasificar el delito de tentativa de homicidio contra dos acusados, ya vinculados a proceso, por el de resistencia de particulares, lo que permitió que dejaran la prisión.

Durante la audiencia en contra de los cinco que faltaban de definir su situación jurídica, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia les imputó lesiones y robo como parte de una de las investigaciones que se abrieron tras los hechos violentos durante la movilización del sábado pasado.

El juzgador encontró elementos suficientes para vincularlos a proceso, pero sólo cuatro podrán continuarlo en libertad, mientras uno –identificado como Brayan Alexis– lo hará en el penal debido a que su abogado exhibió un domicilio en el estado de México y no en la ciudad, para ser arraigado.

Durante el debate, el defensor de los imputados notificó al juez que había una confusión en las imputaciones en contra de dos personas que se llaman Brayan. Y es que el juez vinculó a proceso a ambos por diferentes delitos, por lo que se pidió una aclaración.

Al respecto, el identificado como Brayan Mario quedó vinculado a proceso por lesiones, mientras a Brayan Alexis se le hizo por robo, este último fue el que se determinó que continúe en prisión.

Con esto, son ya 18 personas vinculadas a proceso tras la marcha, de los cuales 16 continuarán con su proceso en libertad y dos en prisión.

De acuerdo con el resultado de las audiencias que se efectuaron desde el martes, los dos bajo prisión preventiva justificada no exhibieron domicilios en la capital para que pudieran seguir su proceso en libertad, como el resto.

De la carpeta por el delito más grave, que fue el de tentativa de homicidio, a dos de los tres procesados se les reclasificó por el de resistencia de particulares. Con esto, sólo una persona se quedó con esa acusación.

Tras los acontecimientos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso a disposición del Ministerio Público a 29 personas por hechos en flagrancia, por los que se abrieron 17 carpetas de investigación: ocho por lesiones dolosas, seis por hurto de objetos y tres por diversos daños y robos.

Ante esto, el Ministerio Público determinó que 19 personas sí incurrieron en conductas penales y que 10 casos debían canalizarse a justicia cívica, al tratarse de lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, consideradas faltas administrativas y no delitos.

De las 19 personas retenidas por probable comisión de delitos, 18 son adultas y otra es un adolescente de 17 años, que de inmediato quedó en libertad sin acción penal.