Más de 90 organizaciones sociales, sindicales, ambientales y defensoras de derechos humanos solicitaron al gobierno federal que construya en conjunto una agenda trinacional que priorice las necesidades de los trabajadores, campesinos y pueblos originarios, en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Agrupados en la Asamblea de Incidencia del T-MEC, los colectivos aseguraron que el acuerdo comercial no sólo afecta las relaciones entre las empresas y los gobiernos, sino también ha profundizado las desigualdades, la destrucción del medio ambiente y de los ecosistemas en los territorios. Denunciaron que también ha “transgredido” la soberanía de las comunidades indígenas.

Víctor Quintana, experto en el sector agropecuario, señaló que con el tratado de libre comercio, suscrito en 1992, y la primera etapa del T-MEC, entró en vigor un “modelo unidimensional” que ocasionó que en el campo mexicano sólo haya empresarios agrícolas, y no pequeños productores ni comunidades indígenas.

En conferencia de prensa, subrayó que en la próxima revisión del T-MEC se debe tomar en cuenta que el territorio nacional es el espacio de las familias campesinas, y el primer lugar para satisfacer el derecho humano al agua.

Organizaciones como Alianza Campo Justo, Campaña Sin Maíz no hay País y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otras, reafirmaron la defensa de la soberanía alimentaria.

Exigieron sacar al maíz y al frijol del T-MEC, y que éste garantice la protección de las semillas nativas, del agua y del territorio.

En materia ambiental, apuntaron que frente a los modelos trasnacionales de negocio, debe respetarse la libre participación de las comunidades originarias en todas las decisiones que afecten sus entornos, recursos y modos de vida.

Rita Robles, coordinadora del Proyecto de Solidaridad Obrero Intersindical México-Canadá, resaltó la importancia de que los gobiernos de los tres países establezcan compromisos y políticas de regularización migratoria que pongan fin a los “tratos crueles” cometidos contra mexicanos y personas en situación de movilidad de otras nacionalidades.

A su vez, Rosario Ortiz, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas, apuntó que en materia laboral existen “asimetrías”, por lo que el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC debe fortalecerse, ya que solamente lo aplica México. Estados Unidos y Canadá están exentos de realizar investigaciones en sus propios países por violaciones a los derechos laborales.

Al anunciar que presentarán sus propuestas en los próximos días a las autoridades estadunidenses y mexicanas, incluida la Secretaría de Economía, los colectivos recalcaron que su objetivo es abrir un espacio de diálogo para incidir en la agenda comercial, ambiental y laboral del T-MEC. “La negociación del tratado es una prueba para la democracia mexicana. En la medida en que los negociadores sean portavoces de las demandas, la posición del país se verá fortalecida”, enfatizó Quintana.