Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos celebró ayer la primera sesión sobre la legalidad de algunos de los aranceles impuestos por Donald Trump desde su vuelta a la Casa Blanca en enero.

Los miembros del alto tribunal, de mayoría conservadora, tienen en sus manos el futuro de la agenda comercial del magnate republicano y los millones de dólares que prevé recaudar para las arcas públicas.

Los nueve magistrados dirimen si los poderes de emergencia del presidente dan a Trump la facultad de imponer aranceles a casi todos sus socios comerciales, como los dirigidos a México, país al que el republicano acusa de permitir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

Desde el bando opuesto al mandatario, argumentan que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no permite a Trump desplegar esta vasta batería de impuestos aduaneros.

Una de las cuestiones claves que se debate en el alto tribunal es la “doctrina de las cuestiones importantes”, según la cual, el Congreso tiene que autorizar al presidente las medidas de fuerte calado.

Riesgo de represalias

El fiscal general John Sauer, que defiende al gobierno, dijo a los nueve magistrados que esta doctrina no aplica debido al amplio abanico de competencias inherentes al cargo de presidente. También advirtió que la anulación de los aranceles expondría a Estados Unidos a “represalias comerciales implacables” por parte de otros países y argumentó que la cuestión de este caso no es la imposición de aranceles, sino la regulación del comercio exterior.

Varios magistrado expresaron sus dudas sobre las facultades que confiere a Trump la invocación de la IEEPA, ya que esta sólo menciona poderes presidenciales para “regular las importaciones y exportaciones” y no para imponer aranceles. “Los impuestos son competencia del poder legislativo (...) y los aranceles son impuestos”, declaró la jueza progresista Sonia Sotomayor.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impuesto aranceles a prácticamente todos los países con los que tiene intercambio comercial, hasta situar los gravámenes en su nivel más alto desde 1930.

Aunque el alto tribunal considerara ilegales todos los gravámenes, la administración Trump podría recurrir a otras leyes para imponer aranceles de 15 por ciento durante 150 días, y aprovechar ese plazo para abrir investigaciones oficiales, como le concede la Sección 301 de la Ley de Comercio.