La iniciativa privada consideró como un “hecho histórico” y un “logro incuestionable en el camino hacia un México más justo y equitativo” que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza entre 2018 y 2024, lo cual fue resultado de las políticas que puso en práctica el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y se mantienen en la actual administración.

Después de que el pasado 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hizo públicos los datos sobre la población en situación de pobreza, los organismos que se aglutinan en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicaron que es necesario atraer más inversión para continuar con la tendencia.

“El resultado es producto de muchos factores que han confluido. Las políticas laborales impulsadas por el gobierno federal en los últimos años, tales como el aumento de los salarios mínimos y el cambio al régimen de subcontratación han marcado un punto de inflexión en el mercado laboral”, señaló el organismo cúpula. Indicó que los programas sociales y las remesas también han contribuido a incrementar el ingreso de las familias.

El organismo dirigido por Francisco Cervantes apuntó que este dato “histórico” también confirma que el trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada y trabajadores “da excelentes resultados”.

El CCE consideró fundamental reforzar la colaboración entre la iniciativa privada (IP) y el gobierno para acompañar y promover la integración de las empresas informales en la economía formal, pues esto permite cubrir a más personas con seguridad social. Además, dijo, es prioritario impulsar a las micro y pequeñas empresas, ya que son las que generan la mayor parte de los empleos y fortalecen el desarrollo económico del país.

Destacó que para dar continuidad y acelerar estos avances en materia de reducción de pobreza es necesario atraer mayor inversión. “La presentación del Paquete Económico 2026 es una oportunidad para reafirmar el compromiso del Plan México con altos niveles de inversión”, indicó.

Reiteró que para lograr ese objetivo es clave contar con certeza jurídica y consolidar proyectos productivos. “El reto es que la inversión alcance al menos 30 por ciento del producto interno bruto”, señaló.

Precisó que con mayor inversión se crearán más empleos formales y aumentará la productividad laboral y empresarial. Y con un mayor número y tamaño de las empresas, crecerá también la recaudación y las capacidades del Estado mexicano para mejorar la redistribución.