Guanajuato, Gto., Antes de que terminara su administración, el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (2018-2024) otorgó 3.2 millones de pesos a Picolíssima, empresa agrícola del entonces secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, y de su esposa Geraldine Franco Padilla, denunció la diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo.

La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario que encabezó Paulo Bañuelos Rosales, actual titular del Parque Agro Tecnológico Xonotli, entregó el 5 de julio de 2024 el recurso a la compañía del ex jefe policiaco, dedicada a la siembra y comercialización de productos agrícolas.

La transferencia de esos recursos públicos “es corrupción”, acusó la legisladora en entrevista.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, reveló que el caso ya es investigado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG)

“Lo que tengo entendido es que no es un apoyo directo a él, es a través de su esposa mediante una empresa”, refirió Jiménez Lona.

La diputada difundió un video donde preguntó: “¿cómo quieren que la gente confíe en este gobierno si premian a esos funcionarios con millones de pesos?”.

En una comparecencia de Alvar Cabeza de Vaca, Hades Aguilar preguntó al secretario sobre si “su empresa ha obtenido contratos, apoyos o financiamientos por parte del sector público”.

“Hemos visto que le va muy bien secretario, no nos puede engañar”, señaló la legisladora. En esa ocasión el ex funcionario enfatizó: “no hay un solo peso, de ningún tercero ni de gobierno federal ni estatal ni municipal”.

La gobernadora panista Libia García Muñoz Ledo, quien inició funciones el 26 de septiembre de 2024, no ratificó en el cargo a Cabeza de Vaca, quien fungió como titular de la dependencia en los sexenios de sus correligionarios Miguel Márquez Márquez y de Rodríguez Vallejo.

El artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos estipula que los funcionarios deben “conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”.

La fracción sexta refiere que el conflicto de intereses es “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

Según el artículo 57 de dicha ley, el ex secretario de Desarrollo Agroalimentario pudo incurrir en un desvío de recursos, que se configura cuando un funcionario de gobierno “autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.